Dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz en una marcha pacífica, el país esperaba duelo, verdad y responsabilidad. En su lugar, José Jerí apareció con una ceremonia de “reconocimiento” a la PNP en El Potao, palabras de “respaldo pleno” y promesas de que “hechos particulares” no deben manchar a la institución. La realidad, sin embargo, no se limpia con discursos ni con decorados de último minuto.
Mientras la Fiscalía de Derechos Humanos investiga y la propia PNP detiene a los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra por su presunta participación en la muerte de Ruiz Sanz, el Gobierno elige el atajo simbólico: premiar antes que esclarecer. La foto de Jerí junto al comandante general Óscar Arriola —quien elevó la represión a “resistencia heroica” y anunció canastas de víveres para los que “participaron”— resume la confusión moral: se confunde homenaje con justicia, logística con ética, y canastas con Estado de derecho.
No es un desliz comunicacional; es una decisión política. Si los disparos provinieron de un arma policial, el único homenaje posible es a la vida arrebatada y al debido proceso que se exige sin dilación. El resto es ruido que pretende tapar la pregunta esencial: ¿quién dio la orden, quién la permitió y quién se beneficiaba con criminalizar la protesta de una generación que, para colmo, es tildada de amenaza por atreverse a marchar?
El libreto ya lo conocemos: algunos piden renuncias para el titular, pero votan contra la censura cuando se trata de controlar el tablero. Otros invocan la “unidad” mientras convierten la indignación ciudadana en “conciencias siniestras”. Y desde Palacio se insiste en la coartada de siempre: una institución no puede juzgarse por un “hecho aislado”. Cierto: por eso existen investigaciones, protocolos, cadenas de mando y responsabilidad política. Lo aislado se vuelve sistémico cuando se premia en público lo que se debe esclarecer en privado y sancionar en tribunales.
El país no necesita coreografías con banda y bocaditos; necesita verdad, justicia y reformas que protejan tanto a ciudadanos como a policías. Reconocer la labor honesta de la PNP exige, precisamente, aislar —con nombres y consecuencias— a quienes traicionan el uniforme. Todo lo demás es distraer con canastas en un velorio.
Reflexión final
Hoy, la línea que separa homenaje y encubrimiento es tan delgada como una cinta inaugural. La democracia se mide en gestos, sí, pero sobre todo en actos: investigar sin complacencias, asumir responsabilidades y reparar a las víctimas. Si el 15 de octubre “se escribirá en piedra”, que sea en la piedra angular de un país que se rehúsa a normalizar la violencia y a premiar el abuso. La Caja Negra seguirá abierta; que no se cierre la conciencia pública.