En un país donde el calendario siempre llega tarde a la escena del crimen, el caso Cardoza-Jerí es un manual de cómo abrir la puerta y sostenerla mientras el invitado corre hacia el aeropuerto. La Fiscalía tenía denuncias, testigos, tiempos y pruebas por recoger; el resultado fue una salida a Francia del único imputado que quedaba en pie. Conveniente, oportuno, casi pedagógico: así se enseña que la impunidad también se planifica.
Los hechos, sin maquillaje: la víctima denuncia el 30 de diciembre de 2024 a José Jerí y a su tío político, el empresario Marco Cardoza. Citas fiscales, ausencias estratégicas, negativa a la prueba de ADN. El 4 de febrero de 2025, Cardoza aborda su vuelo; el mandato de detención recién aparece el 5 de marzo. Un mes exacto para que la justicia haga estiramientos. Resultado: investigación mutilada y testimonio clave fuera del mapa.
La Fiscalía Suprema archiva a Jerí por falta de pruebas; el expediente baja a Canta con Cardoza como único acusado. Hay relatos coincidentes: el chofer lo vio llevar a la agraviada a una habitación; hay chats donde el propio Cardoza sugiere haber cometido la agresión; hay descripciones físicas y un perfume que no miente. Y, como un símbolo incómodo, un bividí mojado de Jerí hallado en la misma habitación. ADN de Jerí: negativo. ADN hallado: sin dueño oficial. El cuadro no exonera por sí mismo ni condena por sí solo; lo que sí condena es la procrastinación institucional que permitió la fuga del principal sospechoso.
Mientras tanto, la política afina su partitura: unos piden renuncias, otros se abstienen, otros votan distinto según el día y el rating. Y cuatro manifestantes del 15 de octubre, esos, sí siguen detenidos. La vara es flexible cuando conviene y rígida cuando protesta.
El caso está incompleto no por falta de titulares, sino por exceso de permisividad. La justicia debía asegurar presencia, cadena de custodia y velocidad procesal. No lo hizo. El país no necesita más “no formales” ni comunicados templados: necesita respuestas a tres preguntas simples: ¿quién dejó ir a Cardoza?, ¿por qué tardó la detención?, ¿cuándo sabremos a quién corresponde el ADN?.
Reflexión final.
La Caja Negra no exige veredictos sumarios: exige estándares. Si un sospechoso escapa antes de la orden judicial, es el sistema el que falla. Y cuando el sistema falla con precisión quirúrgica, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no es torpeza, sino método. En delitos sexuales, la duda razonable se resuelve con ciencia y diligencia, no con pasajes internacionales. La justicia que llega tarde no llega: se excusa. Y el país ya no admite excusas.