Se acabó la inmunidad. Tras la vacancia del 10 de octubre, Dina Boluarte enfrenta —por fin— el terreno llano de la justicia: 11 carpetas fiscales confirmadas por su defensa. No hay giro dramático: hay calendario judicial. El país, que aprendió a leer entre líneas informes archivados y comisiones indulgentes, exige ahora algo simple y revolucionario a la vez: que la ley sea la misma para todos, incluso para quien fue jefa de Estado.
El inventario es conocido y aún incómodo: protestas con saldo mortal (2022–2023), joyas y relojes (caso ‘Rolex’), el ‘cofre’ del vehículo presidencial, la ‘cirugía’ sin licencia, además de pesquisas por presunto encubrimiento y favores indebidos. Ocho de once carpetas se ligan al ejercicio del cargo. Mientras tanto, el Congreso que blindó ayer se declara severo hoy; la aritmética del archivo agotó su calculadora. Y en paralelo, escenas dignas del teatro político: el alcalde Rafael López Aliaga exige renuncias en Interior mientras su bancada vota en contra de la censura. Moral de sobremesa, votos de madrugada.
Las prioridades nacionales tampoco ayudan al guion. Cuatro manifestantes del 15 de octubre siguen detenidos, recuerda la congresista Ruth Luque, mientras el discurso oficial jura respetar derechos. Si el Estado reclama credibilidad, que empiece por su cadena de custodia, no por su cadena de titulares. La justicia no necesita altoparlantes; necesita evidencia, cronogramas, pericias, testigos protegidos y decisiones motivadas. Y el Ministerio Público, independencia blindada por la Constitución, no por coyunturas.
Este editorial no pide condenas anticipadas ni absoluciones de cortesía. Pide reglas: 1) cronograma público de diligencias en los casos emblemáticos (‘protestas’, ‘Rolex’, ‘cofre’, ‘cirugía’); 2) prohibición explícita de contactos político-procesales con investigados; 3) transparencia activa de reuniones, obsequios y viajes de funcionarios; 4) supervisión externa de pericias y de los órganos de control interno; 5) garantías a víctimas y a la protesta pacífica. El resto es ruido.
El blindaje terminó; que empiece la rendición de cuentas. El país no necesita un nuevo episodio de justicia selectiva sino la certeza —tan poco espectacular como imprescindible— de que los hechos se investigan y las responsabilidades se determinan. Si hubo delito, sanción; si no lo hubo, cierre motivado. Lo que no admite prórroga es la verdad. Y el reloj, esta vez, no es de lujo: es el de la República marcando la hora exacta para responder ante la ley y ante el Perú.