Un presidente del Congreso no “confunde” un alias en vivo; instala un prejuicio. Fernando Rospigliosi oyó “Trvco”, repitió “terruco” y perseveró. No es un tropiezo, es un encuadre calculado: convertir a un muerto en sospechoso para condicionar la lectura de los hechos. La violencia verbal antecede —y legitima— a la violencia física. Y cuando viene de la máxima autoridad del Legislativo, deja de ser opinión: se vuelve línea.
El libreto es transparente. Paso uno: etiquetar a la víctima. Paso dos: relativizar la responsabilidad estatal (“lamentamos la muerte, pero…”). Paso tres: exigir beneficios procesales para el agente investigado apelando a una ley hecha a la medida. Resultado: el debate se desplaza de “¿qué pasó?” a “¿quién era el muerto?”. Esa es la trampa.
Ser más claros: llamar “terruco” a quien no puede defenderse contamina pericias, intimida testigos y pavimenta la indulgencia. ¿Dónde están los estándares que el Congreso predica? Si la Presidencia del Parlamento instala falsedades verificables, ¿qué valor tienen sus exhortaciones a “respetar la ley”? La presunción de inocencia es para todos —manifestantes y policías— o no es para nadie. La empatía, también.
Lo urgente no es el apodo, sino las pruebas: protocolo de uso de la fuerza, órdenes impartidas, comunicaciones radiales, cámaras corporales, cadena de custodia. En vez de exigir esa transparencia, se opta por el atajo del estigma. Es pedagógico: enseña que la palabra oficial puede torcer la realidad si se repite lo suficiente. No puede. No debe.
Que Rospigliosi siga en la Presidencia tras ignorar la corrección periodística no es anécdota: es síntoma de una cultura política que confunde liderazgo con altavoz. La salida responsable tiene nombre y apellido: rectificación pública sin matices, disculpa a la familia, compromiso de no interferencia y garantía de una investigación independiente. Y sí: apertura de un proceso en la Comisión de Ética. El Parlamento no puede ser escuela de impunidad.
Un Congreso que permite que su presidencia convierta el duelo en consigna degrada su autoridad moral y jurídica. Gobernar las palabras es parte de gobernar el país. Si el mensaje es “la etiqueta manda”, la ley pierde y la sociedad retrocede.
Reflexión final
Pedimos lo elemental: respeto a los muertos, garantías a los heridos, verdad para todos. Menos consignas, más evidencia. Si el poder quiere seguridad, que empiece por su propio vocabulario. Porque una palabra injusta no solo hiere: instruye a otros a callar, mirar a otro lado y absolver antes de investigar.