Mientras el Gobierno busca cámara, las cifras muerden. La delincuencia le costó al Perú más de S/ 6,000 millones y cerró 2,600 bodegas solo entre enero y agosto. No es una anécdota comercial: es tejido social rasgado, empleo evaporado y barrios sitiados por el miedo. A más de una semana, seguimos sin un plan integral de seguridad; en su lugar, desfiles por penales, declaraciones de emergencia en borrador y compras para el espectáculo. Las cifras no posan: exhiben una realidad letal.
La calle entiende lo que el poder finge no oír: el país parece administrado por bandas, no por políticas. Los homicidios marcaron su nivel más alto en al menos siete años y buena parte se ejecuta por sicariato. Eso no se corrige con visitas sorpresa ni con más sirenas, sino con inteligencia criminal, persecución patrimonial y justicia que cierre el círculo. Hoy no hay hoja de ruta pública con metas, responsables y presupuesto; hay anuncios. Y cuando el Estado improvisa, el crimen organiza.
Las protestas del 15 de octubre lo recordaron con crudeza: más de cien heridos y un muerto, Eduardo Ruiz, por un disparo policial ya reconocido por las propias autoridades. La autoridad democrática se legitima con protocolos claros y rendición de cuentas, no con reflejos defensivos. Si el Gobierno confunde “orden” con excepción permanente, acabará debilitando la ley que dice defender.
En paralelo, la victimización urbana bordea a más de una cuarta parte de la población y el robo a negocios repunta. Detrás de cada cifra hay una reja que baja antes de la noche y un vecino que deja de denunciar porque perdió la fe en las instituciones. Sin tablero de datos abiertos —extorsiones, homicidios, tiempos de respuesta, causas que llegan a acusación— no hay control ciudadano ni evaluación real. Gobernar es poner números sobre la mesa… y cumplirlos.
La alarma está encendida: miles de millones perdidos, miles de cortinas metálicas cerradas, una muerte en protesta y la curva del crimen aún tensa. Lo urgente no es una foto más, sino un plan verificable: objetivos trimestrales, cadena de mando y uso de la fuerza publicados, equipos mixtos para congelar activos ilícitos y coordinación efectiva con Fiscalía y Poder Judicial. Si el Ejecutivo no conduce, otros lo harán desde la sombra.
Reflexión final
A Dina Boluarte la alcanzó el desgobierno. Creer que el respaldo conyuntural o la grandilocuencia blindan a José Jerí es desconocer la memoria reciente. Las cifras son peligrosas porque no mienten. Y cuando mandan los números, el vacío de liderazgo se vuelve también un delito: el de abandonar al país a su suerte.