El estado de emergencia en Lima y Callao debutó con sirenas y promesas, pero sin brújula. José Jerí lo presentó como “respuesta inmediata” a la delincuencia; las regiones lo reconocen como lo que es: un atajo sonoro que evita la cirugía mayor. La criminalidad no respeta decretos, respeta sistemas. Y hoy no hay sistema: hay un papel que suspende derechos mientras los delitos siguen sumando víctimas.
Juliaca lo dice con crudeza: las emergencias no han funcionado y, aún con el rótulo encendido en la capital, los robos y extorsiones continúan. Arequipa traduce la molestia: gesto mediático sin plan operativo ni inteligencia criminal. Trujillo, veterana en “emergencias” periódicas, convive con el sicariato como si fuera clima; en Virú repiten el parte más brutal: todos los días muere alguien. Iquitos confirma la tendencia: la curva delictiva no se dobla con megáfonos. Y en Piura ya piden la misma receta, pero focalizada, mientras exigen lo obvio y ausente: limpiar la corrupción policial que sabotea cualquier estrategia antes de empezar.
El problema no es la herramienta, es el vacío que la disfraza. Jerí —como antes Boluarte— no ha presentado un plan integral y estratégico de alcance nacional. No existen metas trimestrales públicas, responsables con nombre y apellido, presupuesto amarrado a objetivos ni un tablero ciudadano que reporte extorsiones, homicidios, tiempos de respuesta, denuncias judicializadas y condenas efectivas. Sin ese esqueleto, la “emergencia” es propaganda con placa. El crimen, en cambio, sí tiene plan: extorsiona, lava, controla barrios y rutas, corrompe piezas clave y se expande a la velocidad con la que el Estado improvisa.
La seguridad requiere logística, no liturgia. Inteligencia financiera para quebrar patrimonios ilícitos, interoperabilidad real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, control de armas y fronteras, protección de testigos que no sea papel mojado, reglas de uso de la fuerza publicadas y trazabilidad de la cadena de mando. Requiere, además, un mapa país: Lima no es el Perú. Si el Ejecutivo insiste en confundir una declaración con una política pública, terminará declarando emergencias en plural y resultados en singular: cero.
Emergencia sin plan es humo institucional. Si el Gobierno quiere credibilidad, que convierta el decreto en política nacional con objetivos medibles, cronograma, responsables y publicación semanal de resultados. Si no, seguirá administrando titulares mientras la delincuencia administra territorio.
Reflexión final
La seguridad no se reza, se gobierna. El país ya dijo “no funciona”. Falta que el Presidente escuche, corrija y mande con sistema. De lo contrario, los que dicten las reglas seguirán siendo los que jamás pidieron permiso.