El país aún procesa una vacancia por “incapacidad moral” y, sin pudor, ya se tantea el retorno. El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, adelanta la jugada: “Conociendo lo activa que es, estoy absolutamente seguro que algo va a hacer… quizás retornará… a Reniec”; y sobre una candidatura: “no sé si diputada o senadora”. La prisa habla más que cualquier discurso: volver antes de rendir cuentas.
El libreto invoca derechos políticos y hoja de vida técnica. Correcto: los derechos existen. Pero la sanción también. La vacancia no fue un desacuerdo menor; fue la constatación de una quiebra de confianza. Si esa causal no activa consecuencias —inhabilitación temporal y límites claros—, se convierte en utilería. ¿Para qué remover a quien falló en el estándar ético del cargo y, acto seguido, permitirle custodiar identidades y alimentar padrones desde Reniec, o escalar a curul en 2026?
El retorno a Reniec sería especialmente corrosivo: colocar a una exmandataria recién vacada en el nervio administrativo del sistema electoral golpea el único capital que aún sostiene las urnas: confianza. Y la candidatura convierte la elección en plebiscito personal: del banquillo a la tarima, del expediente al estribillo. “Que el pueblo decida”, dice la defensa. De acuerdo, pero decidamos sin atajos ni posiciones ventajosas en la infraestructura que garantiza el voto.
Urgen mínimos no negociables: (1) inhabilitación temporal para reingresar a órganos con incidencia electoral (Reniec, ONPE, JNE) y para postular a cargos nacionales mientras existan investigaciones graves abiertas; (2) apertura inmediata de patrimonio, comunicaciones oficiales y agendas, con auditoría independiente; (3) debates con verificación en vivo y obligación de rectificación documentada; (4) renuncia expresa a cualquier privilegio procesal que distorsione la igualdad ante la ley. La credibilidad no se proclama; se prueba.
Porque el punto es simple: una vacancia por incapacidad moral no puede ser un sello húmedo que se evapora en campaña. Si el sistema tolera que quien no alcanzó el estándar regrese a manejar llaves o a pedir voto sin aclarar cuentas, institucionaliza el “todo vale”.
El “derecho a postular” no es salvoconducto. Si la vacancia significa algo, debe significar límites, tiempos y controles. Sin eso, la sanción es teatro y la confianza, papel carbón.
Reflexión final
Citar al abogado esclarece la premura; citar a la democracia impone freno. Primero verdad, justicia y reparación; después, carrera pública. Menos puerta giratoria. Más responsabilidad. Reniec no es refugio y la curul no es amnistía.