El estado de emergencia en Lima y Callao llega con el ruido de sirenas y la claridad de un objetivo político: contener paros y marchas, no desarticular redes criminales. Si la violencia golpea a todo el país —asesinatos, extorsiones, secuestros—, ¿por qué el cerco solo cubre la capital? La respuesta es tan evidente como incómoda: se busca acallar la calle antes que enfrentar la economía del delito. En regiones lo dicen sin rodeos: así, será un fracaso anunciado.
Una política de seguridad seria empieza con un plan nacional, descentralizado y medible; lo que se ha decretado es un perímetro para la protesta. Se suspenden libertades, se multiplican retenes y controles de identidad, se prohíben desplazamientos específicos. ¿Y la columna vertebral del combate al crimen? Bien, gracias. La extorsión hoy se organiza en chats cifrados y cobra por transferencias; el secuestro extorsivo se corta con inteligencia operativa, trazabilidad financiera y golpes a nodos logísticos. Nada de eso aparece como prioridad.
El país esperaba liderazgo: convocar a Ministerio Público y Poder Judicial; articular gobiernos regionales y locales; sentar a Sunat, UIF, MTC, operadoras y banca; desplegar cibercrimen con presupuesto; publicar tableros de control por distrito y región con metas trimestrales: homicidios a la baja, bandas desarticuladas, armas y dinero incautados, sentencias logradas, protección real a víctimas y testigos. Incluso nombrar un zar contra el crimen organizado con facultades operativas y evaluación estricta. En cambio, se eligió la excepción capitalina, que confunde presencia con eficacia.
El mensaje a las regiones es desalentador: sus muertos cuentan menos. Si el argumento fuese la seguridad, el alcance sería nacional o, como mínimo, sustentado en análisis de riesgo transparente. Al no serlo, crece la sospecha de un uso instrumental: limitar la protesta —transportistas, gremios, y una Generación Z que audita en vivo— mientras el delito mantiene su negocio.
La emergencia que prioriza la calle sobre las redes delictivas no es política de seguridad; es política del miedo. Sin plan maestro nacional, sin KPIs públicos y sin coordinación interinstitucional, el decreto apenas aplaza el problema y encarece la desconfianza.
Reflexión final
Presidente Jerí: la protesta se gobierna con derechos; el crimen, con inteligencia. Publique un plan nacional con metas verificables, responsables y auditoría ciudadana; convoque a todas las entidades y nombre un zar anticrimen con poder real. Si el Estado quiere autoridad, que la demuestre en números, no en cercos.