La Generación Z decidió cambiar el estribillo por el articulado: presentará un proyecto de ley para derogar las leyes “procrimen” que el Congreso fabricó a la medida de la impunidad. No es un hilo en redes ni una catarsis de plaza; es una ofensiva jurídica con destinatario claro. El mensaje es simple y demoledor: si los blindajes se dictan por ley, por ley se desmontan.
¿Qué está en la mira? El paquete que convirtió el Estado en un laberinto de privilegios: inmunidad parlamentaria usada como escudo, reelección de congresistas para perpetuar incentivos, atajos que restringen el referéndum y lecturas oportunistas de la cuestión de confianza. El proyecto —anunciado con respaldo técnico del Colegio de Abogados de Lima— apunta a restablecer controles ciudadanos, límites reales al poder y trazabilidad de las decisiones. Traducción: menos fuero, más República.
¿Por qué golpea donde duele? Porque mueve las bisagras del sistema, no la pintura de la fachada. Mientras el Ejecutivo receta estados de emergencia en 46 segundos y el Parlamento reparte votos de confianza, la Z lleva el debate al terreno que los políticos evitan: normas, procedimientos, vacatio legis, control constitucional. La queja deja de ser ruido y se convierte en texto normativo. Y cuando la protesta llega con artículos y disposiciones complementarias, la vieja política se queda sin su coartada favorita: “faltan propuestas”.
La jugada, además, desactiva el guion del miedo. No se trata de incendiar la pradera, sino de oxigenar la ley: derogar blindajes “procrimen”, recuperar herramientas de fiscalización social y cerrar la puerta a reformas que debilitan la rendición de cuentas. La Z entendió la ecuación: si las reglas producen opacidad, se cambian las reglas. Y se cambian por la vía que el poder canta cuando le conviene: la constitucional.
Este proyecto es un test de integridad para Congreso y Gobierno. O admiten la reforma —y con ella, estándares de control—, o confirman que aquellas leyes no fueron errores sino estrategia de autoprotección. Si hay bloqueo, quedará claro quién defiende a la ciudadanía y quién defiende su asiento. Si hay apertura, empezará la higiene institucional que el país espera desde hace años.
Reflexión final
La Caja Negra sostiene una regla inapelable: privilegios menos, democracia más. La Generación Z ya puso fecha y borrador; ahora el poder debe elegir entre escuchar y corregir o resistir y encubrir. Porque derogar las leyes “procrimen” no es revancha: es mantenimiento preventivo de la República. Y ese servicio —a diferencia de los blindajes— se paga con transparencia, no con favores.