Cuando ocho de cada diez peruanos no confían en su policía, no hablamos de una mala racha, sino de una falla estructural. La PNP registra apenas 14,2% de confianza —cifra histórica a la baja, según el INEI y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana— mientras el Ejecutivo y el Congreso compiten por el mismo sótano. Es el síntoma de un país que se descose por las costuras: el contrato moral entre Estado y ciudadanía está roto, y la calle lo sabe.
La lista de golpes a la credibilidad no requiere imaginación: un joven artista muerto con un disparo atribuido a un agente; represión desproporcionada en protestas; y casi mil efectivos detenidos este año por delitos que van desde violencia contra la mujer hasta corrupción y atentados contra la vida. Frente a eso, abundan ceremonias, menos diagnósticos; más sirenas, menos resultados. Se responde a extorsiones digitales con retenes analógicos; a redes criminales, con comunicados. El mensaje implícito es demoledor: “confíe en nosotros… cuando podamos”.
No es solo ética, es desempeño. La ciudadanía no pide heroísmos cinematográficos, pide trazabilidad: homicidios a la baja, bandas desarticuladas, dinero y armas incautados, sentencias firmes. Nada que no pueda exhibirse en un tablero público por comisaría y región, con metas trimestrales y responsables con nombre y apellido. Y, sí, una depuración real: inspectoría autónoma con plazos fatales, expulsión inmediata ante evidencia sólida y protección del debido proceso; cámaras corporales obligatorias; cadena de custodia auditada; sanción ejemplar a la corrupción interna. Sin controles, la retórica es ruido.
La PNP necesita, además, inteligencia aplicada: una unidad de cibercrimen con presupuesto real para cortar la extorsión donde vive —mensajería cifrada, cuentas mulas, pasarelas de pago—; equipos mixtos fiscal-policía que persigan nodos financieros, no solo gatilleros; cooperación con Sunat y la UIF para seguir la plata; y un programa de protección a denunciantes y víctimas que rompa el silencio por miedo. Patrullaje por cuadrantes, presencia a pie y métricas por turno: seguridad que se vea y se mida.
Con 14,2% de confianza no se patrulla un barrio, menos un país. La PNP no recuperará legitimidad con homenajes ni estados de emergencia; la recuperará con verdad, control y resultados verificables. El Ejecutivo y el Congreso tienen una tarea simultánea: blindar la independencia operativa y exigir cuentas públicas, cada mes, sin maquillaje.
Reflexión final
La confianza no se decreta: se gana. Sin métricas, no hay relato; sin depuración, no hay autoridad; sin resultados, no hay paz. La Caja Negra lo resume así: o la institución se reforma a la vista de todos, o el 83% será apenas el preludio de una ruptura más profunda.