Los números no militan; dictan. Y el último estudio del IEP es un parte de guerra contra la narrativa oficial: 53% de peruanos en desacuerdo con la asunción de José Jerí; solo 32% de acuerdo. Casi la mitad (49%) cree que el Congreso influye mucho sobre él, y 56% no se siente nada representado. El dato estrella: 81% aprueba la vacancia de Dina Boluarte. Traducción: el país se hartó de tutelas y atajos. Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), La República.
Jerí llegó por la ruta formal, sí; pero la formalidad sin legitimidad es un cascarón. El problema no es solo el bajo respaldo inicial, sino el origen del poder percibido: un Parlamento que la mayoría considera que manda demasiado. Cuando la brújula la sostiene el Congreso, el Presidente es brújula decorativa. Por eso el “estado de emergencia en 46 segundos” luce más a control de daños que a política pública.
El IEP desnuda la grieta: 37% cree que Jerí debe continuar, 26% dice que da lo mismo, 23% quiere reemplazo. Es la fotografía de un país cansado de relevos que no cambian la película. La ciudadanía huele la improvisación: promesas de “ofensiva” sin plan integral contra el crimen, y comunicados sin métricas en salud, educación o empleo. Pedir confianza con sirenas y fotos no sustituye el método: presupuesto, metas, responsables y fechas, a la vista.
Si Jerí quiere gobernar —y no ser gobernado—, la salida no es más decreto ni más patrullaje para las cámaras. Es algo menos heroico y más difícil: mando unificado (PNP–FF.AA.–INPE–UIF–Migraciones), inteligencia financiera para congelar activos en 72 horas, prisiones blindadas con bloqueo auditado, tablero público semanal por sectores (seguridad, salud, economía) y pactos verificables con regiones y municipios. Cuando el 73% dice no sentirse representado por el Congreso, la única forma de no hundirse con él es rendir cuentas en público, con datos, no con slogans.
El dato es veredicto: sin legitimidad y con teledirección parlamentaria, la Presidencia es trámite. Jerí necesita romper la dependencia —no con discursos— sino con resultados: 90 días de metas medibles, auditorías externas y publicación de avances o retrocesos. Si el IEP revela distancia, acórtela con evidencia.
Reflexión final
La Caja Negra defiende una regla simple: la confianza no se decreta, se audita. Si el Presidente gobierna mirando al Congreso, seguirá siendo su apéndice; si mira al país con cifras y reformas, tendrá margen. Los números no mienten. Y cuando los números hablan, o se corrige el rumbo… o el rumbo corrige al Gobierno.