La precampaña ya eligió el camino corto: el ruido. Álvaro Paz de la Barra abrió fuego contra Rafael López Aliaga con una frase que rebotó en todos los micrófonos: “Mi padre dejó de ser su abogado porque es un gran pend*, es el diablo”. El exalcalde de La Molina añadió, además, que la Municipalidad Metropolitana de Lima habría sido usada para impulsar la candidatura presidencial de su antecesor. Lo primero calienta titulares; lo segundo exige documentos.
Quedémonos en el fondo. Paz de la Barra no solo lanzó un exabrupto censurado; también denunció presunto uso de recursos públicos para “endiosar” a un candidato. Si eso ocurrió, no hablamos de estilo, sino de desvío: pauta institucional con objetivo proselitista, logística municipal para actos políticos, contratos direccionados y comunicación pública reetiquetada como campaña. Eso se prueba —o se desmonta— con papeles: órdenes de servicio, planes de medios, TDR, piezas, KPIs, firmas responsables y fuente presupuestal. Sin rastro, todo es espuma.
López Aliaga, por su parte, niega deudas con la Sunat, asegura haber heredado pasivos en la MML y defiende su salto a la contienda en el último día permitido por ley. Bien: balances auditados, cronograma de amortización, arbitrajes, ejecución por metas y un cortafuegos verificable entre gestión y campaña. No basta repetir “dejé la zona de confort”: hay que demostrar que la caja municipal no financió la escalera hacia la candidatura.
Si Paz de la Barra “sabe cosas” —por haber tenido, según dijo, cercanía con la defensa legal de su rival— debe formalizarlas. La ética pública no admite el “lo sé, pero no lo digo”: denuncia con anexos ante Contraloría y Fiscalía, fechas, montos, códigos de expediente. Y, ya que hablamos de reglas, urge un pacto mínimo entre contendores: 1) cero uso de bienes y personal públicos; 2) publicación en tiempo real de toda pauta (incluida la digital) con montos, segmentación y alcance; 3) auditoría independiente de la comunicación institucional 2024–2025; 4) renuncia expresa si se acredita beneficio indebido.
El país, mientras tanto, enfrenta homicidios y extorsión al alza. La campaña no puede ser un concurso de adjetivos mientras la gestión se disuelve en conferencias. El estándar es simple: quien aspiró a gobernar Lima debe rendir cuentas de Lima antes de pedir el país.
Si hubo maquinaria municipal al servicio de una candidatura, corresponde devolver cada sol y aplicar sanciones administrativas y penales. Si no, que los expedientes limpien el nombre del acusado. La democracia no se mide por la potencia del insulto, sino por la solidez de la evidencia.
Reflexión final
Menos adjetivo, más auditoría. Menos dardo, más documento. La ética se defiende con controles que duelen y datos que resisten la lupa. Quien quiera Palacio, primero enseñe los papeles de la Municipalidad. Luego hablamos.