El mercado automotor peruano vive un punto de inflexión. Entre enero y setiembre de 2025 se comercializaron 7,256 vehículos electrificados (híbridos y eléctricos), un salto de 44.1% frente al mismo periodo de 2024, y que ya supera todo lo vendido el año pasado. Solo en setiembre se registraron 931 unidades (+50% interanual), según SUNARP. El dato no es aislado: coincide con un entorno financiero más favorable —mejores créditos y tipo de cambio más bajo— y con decisiones de inversión en sectores como minería, hidrocarburos, manufactura y construcción que empujan también al transporte pesado. La oportunidad empresarial es clara: acelerar la transición con reglas transparentes, competencia leal y beneficios visibles para el ciudadano.
La composición tecnológica muestra tendencias nítidas. Los híbridos convencionales (HEV) lideran con 3,386 unidades y crecen 61.8%; los híbridos ligeros (MHEV) alcanzan 2,947 (+20.5%); los eléctricos puros (BEV) suman 586 (+92.1%); y los híbridos enchufables (PHEV) 337 (+73.7%). En participación, los HEV pasan de 42% a 47%, los BEV de 6% a 8% y los MHEV ceden de 48% a 40%, reflejo de nuevas preferencias y mayor oferta. BEV+PHEV totalizan 923 unidades al tercer trimestre (+85%), impulsados por más marcas y modelos, mejor información al consumidor y ahorros en operación y mantenimiento.
El dinamismo del transporte pesado —2,064 unidades en setiembre, récord histórico; 14,971 entre enero y setiembre, +31.7%— confirma que la inversión privada responde cuando hay certidumbre. El desafío es transformar este impulso en política de Estado: incentivos tributarios focalizados, financiamiento verde, estándares de eficiencia, metas de chatarreo y una red nacional de carga confiable. La transparencia en compras públicas y la rendición de cuentas son esenciales para evitar sobrecostos, discriminación o prácticas que distorsionen el mercado.
A nivel regional, la tarea es grande: la electromovilidad representa 4.7% de las ventas en Perú, muy por debajo de Colombia (33.5%) y Ecuador (17.8%). Cerrar esa brecha exige señales claras: migrar primero el transporte público y la flota estatal, habilitar corredores de carga, formar técnicos y promover la inclusión de MIPYMES proveedoras. La ética también se mide en kilovatios: que el progreso no deje a nadie atrás.
Perú ya encendió el motor de la electromovilidad. Para sostener la velocidad se requiere un pacto público-privado: infraestructura, incentivos, competencia limpia y educación al usuario. Si unimos productividad con integridad, la transición será más que un cambio de tecnología: será un avance social que reduzca emisiones, costos y desigualdades.