Desde el 26 de diciembre, Estados Unidos captará fotos y datos biométricos —huellas y rasgos faciales— de todos los no ciudadanos que entren o salgan del país por aire, mar y tierra. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promete fronteras más seguras, identificar sobreestadías y frenar el fraude documental. El alcance es inédito: por primera vez el registro será también al momento de salir, e incluye a personas con visa, residentes temporales, trabajadores, menores y adultos mayores. La medida llega con una pregunta incómoda pero indispensable: ¿cómo proteger la seguridad sin debilitar los derechos?.
La biometría puede agilizar filas, reducir suplantaciones y mejorar la trazabilidad. Pero no es neutral. Centralizar rostros y huellas de millones de viajeros crea un sistema de vigilancia con riesgos técnicos, legales y éticos. La experiencia global demuestra que bases tan sensibles enfrentan dos amenazas constantes: filtraciones y deriva de propósito. Lo que nace para control migratorio puede terminar alimentando cruzamientos con bases penales, comerciales o de terceros países, lejos del control ciudadano. Y cuando hay errores —que ocurren—, las personas necesitan vías de corrección rápidas y efectivas para no quedar atrapadas en listas o coincidencias fallidas.
También importa cómo se recopilan y gobiernan esos datos. La inclusión de niños y poblaciones vulnerables exige salvaguardas reforzadas: plazos estrictos de retención y borrado, prohibición de usos secundarios sin autorización legislativa, evaluación pública de impacto en derechos fundamentales, auditorías independientes y mecanismos de debida diligencia algorítmica para detectar sesgos.
Los sistemas de reconocimiento facial han mostrado, históricamente, mayores tasas de error en ciertos tonos de piel y edades; ignorar esa evidencia convierte la seguridad en desigualdad aplicada.
La transparencia no es un gesto: es un antídoto. Políticas claras y multilingües sobre qué se recolecta, con quién se comparte, por cuánto tiempo y cómo reclamar; reportes periódicos de incidentes y solicitudes de acceso; cifrado robusto, segmentación de bases y notificación obligatoria ante brechas.
La supervisión del Congreso y de organismos de control debe ser real, no ceremonial, con capacidad de imponer límites, sanciones y correcciones. La cooperación internacional es válida si respeta estándares de necesidad y proporcionalidad; de lo contrario, normaliza un “viaje permanente” de los datos, aunque el viajero ya haya regresado a casa.
La seguridad fronteriza es un deber de Estado; los derechos también. Si la biometría será la nueva llave de entrada y salida, el llavero debe incluir garantías: finalidad limitada, mínima intrusión, correcciones accesibles y borrado verificable. En la era digital, la confianza se gana con reglas, no solo con promesas. Un control que ve más debe rendir cuentas más. Solo así la frontera será segura sin convertirse en una zona donde la privacidad se queda detenida para siempre.