Una compra “para proteger” que nació desprotegida por la ley. La Contraloría advierte que el contrato del Ministerio del Interior con la mexicana Armor Life Lab para 3,164 chalecos antibalas por US$2,008,989 es inválido: se omitió consultar obligatoriamente a la empresa estatal FAME, como exige la Ley N.° 31684. Traducido: si se saltean la puerta principal, no sirve discutir el color de la alfombra. Y sí, otra vez la Policía y el Mininter afinando la partitura de la licitación creativa.
Los hechos (y los expedientes) no necesitan maquillaje. El 8 de octubre, la OGAF del Mininter firmó el contrato. Quince días después, el órgano de control emitió un informe que va al hueso: la adjudicación debió tramitarse, primero, con FAME; de lo contrario, “podría conllevar a la nulidad de todo lo actuado”. Peor aún: ni la OGAF solicitó cotización a FAME ni la Oficina de Asesoría Jurídica dejó constancia de un análisis sobre la Ley FAME. ¿Descuido? ¿Apuesta? Llamémosle por su nombre administrativo: omisión de un requisito habilitante.
Para rematar la incongruencia, FAME firmó el 24 de septiembre un convenio con HEDS (EE. UU.) para fabricar/cofabricar y modernizar chalecos y equipos de protección. O sea, había contraparte pública con capacidad de respuesta y, aun así, el Mininter prefirió la ruta “express” del proveedor extranjero. Y cuando la Contraloría levanta la mano, el sector responde con un “todo sigue igual” que suena a piloto automático en plena tormenta.
La trama es vieja: términos de referencia que mutan, atajos normativos, firmas que corren más rápido que los informes. La novedad es el contexto: mientras el crimen organizado cobra peajes a la cultura y los homicidios repuntan, el Estado —encarnado en el gobierno de José Jerí— no puede darse el lujo de blindajes jurídicos de cartón. Si el chaleco legal no pasa la prueba de balística normativa, no protege a nadie.
Esto no es un error técnico, es un síntoma de gobierno. Cuando el procedimiento es opcional y la ley, sugerencia, la seguridad se convierte en slogan. La Contraloría da cinco días para corregir; la ciudadanía hace rato que no tiene prórroga. Corregir, anular si corresponde y rehacer conforme a ley no es capricho burocrático: es la única forma de que el chaleco aguante el primer disparo… y el primer amparo.
Reflexión final
La Caja Negra defiende una ecuación simple: sin legalidad no hay seguridad. Investigar a fondo, sancionar responsabilidades —funcionarias y políticas— y blindar el proceso con FAME, trazabilidad y control concurrente. Si el Estado quiere que la tropa confíe en su chaleco, primero debe coser bien las costuras de la compra. Lo demás es posar para la foto.