Cuando la mitad de los mercados del país pagan “protección” a mafias, el problema ya no es policial: es político. El 6 de noviembre, la Confenatm —que agrupa a más de 3.600 mercados— convoca a un paro nacional por extorsiones y multas desproporcionadas de Sedapal. Mientras tanto, José Jerí administra la crisis con recorridos a penales y comisarías, pero sigue sin sentar a todos los sectores para construir un plan integral de seguridad y formalización hasta el 28 de julio de 2026. El estado de emergencia no funcionó; los asesinatos y las amenazas lo confirman.
El dato es brutal: “el 50% de los mercados son extorsionados”. No es anécdota, es estructura. En Lima y Callao, donde rige el estado de emergencia, San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Puente Piedra concentran denuncias. Los cobros llegan por WhatsApp, con tarifas “estables” y sanciones inmediatas: incendios “accidentales”, disparos al aire, ataques a dirigentes. A la economía de la violencia se añade la economía del expediente: el DS 010-2019 encasilla a mercados como si fueran industrias contaminantes y dispara multas que superan recibos de agua por diez o veinte veces. Resultado: el puesto que vende papa y pescado paga como planta química y, además, diezma ingresos para “el cupo”.
Ante ese doble apriete, los comerciantes paran. No por capricho, sino porque el riesgo ya no es “baja en ventas”, sino vida o muerte. Y, sin embargo, la respuesta del Ejecutivo se queda en la liturgia de las “mesas de trabajo” y los operativos mediáticos. ¿Dónde está el plan? Sin metas, plazos, responsables, presupuesto, inteligencia financiera y trazabilidad de armas y motos, la represión episódica solo corre la foto, no mueve la aguja.
El gobierno de Jerí necesita dejar de reaccionar y empezar a gobernar con método: 1) Un mando único operativo y civil de seguridad económica urbana; 2) Detección de flujos: UIF y Sunat cruzando pagos, chips, IMEIs y placas gemeladas; 3) Protección de testigos y denuncias blindadas para dirigentes; 4) Reforma de VMA: régimen diferenciado para mercados con estándares sanitarios viables; 5) Fondos concursables para seguridad privada certificada y cámaras interoperables; 6) Fiscalías y juzgados fast-track para extorsión, con metas mensuales públicas.
Si los mercados financian al crimen para poder abrir sus puertas, el Estado —léase José Jerí y su gabinete— está tercerizando el orden a las mafias. Un gobierno que no garantiza vender pan sin pagar “peaje” perdió el sentido de gobierno.
Reflexión final
El 6 de noviembre no es solo un paro: es un diagnóstico. O Jerí convoca —de verdad— a un gabinete de guerra contra la extorsión con reglas, cifras y rendición de cuentas semanales, o seguiremos comprando tomate al precio de la impunidad. La paciencia popular también tiene fecha de vencimiento.