Se anuncian despliegues, se encienden sirenas, se leen partes de “presencia”. Mientras tanto, la estadística no se inmuta: 1.840 homicidios entre el 1 de enero y el 26 de octubre; 165 en el Callao, récord histórico. En apenas dos semanas del nuevo ciclo político, 75 víctimas más. Las Fuerzas Armadas patrullan Ancón, Puente Piedra y Ventanilla; el presidente José Jerí supervisa penales y comisarías. Mucho escenario, poco control de daños. El estado de emergencia ya probó su límite: intimida por horas, no desarticula estructuras.
La extorsión no retrocede porque la foto salga nítida; retrocede cuando la ruta del dinero se corta y la cadena de mando cae con acusación fiscal y sentencia firme. Hoy no hay un Plan Nacional hasta el 28 de julio de 2026 con metas mensuales por distrito, responsables nominales y presupuesto condicionado a resultados. Tampoco hay un tablero público que mida lo que importa: homicidios y tentativas, redes intervenidas, patrimonio criminal embargado, plazos de investigación, tiempos de respuesta fiscal-policial, protección efectiva a víctimas y testigos.
El crimen organizado opera con logística, finanzas y comunicaciones. ¿La respuesta? Cercos puntuales y controles de identidad que persiguen sombras. Falta ciberinteligencia dedicada a cupos y secuestros; equipos mixtos Fiscalía-PNP que golpeen nodos, no peones; UIF, Sunat, SBS y banca siguiendo cada sol sospechoso; convenios con operadoras para neutralizar chips y líneas clonadas; control penitenciario que impida dirigir extorsiones desde celdas con estándares verificables de derechos y trazabilidad. Eso no alumbra titulares, pero sí dobla la curva.
El Callao expone la contradicción central: más patrullas, más muertos. Cuando la cifra sube pese al despliegue, el mensaje es inequívoco: se está administrando percepción, no riesgo. Y la percepción no camina sola a la Fiscalía. Por eso urge pasar del operativo episódico al programa sostenido: objetivos semanales, auditoría independiente, publicación de datasets abiertos y sanción inmediata a la mala práctica, sea policial, fiscal o judicial. Seguridad sin métrica es consigna; con métrica, es política pública.
La ciudadanía no pide épica nocturna; pide menos homicidios, menos extorsión y más condenas. Sin plan, los operativos son interludios entre dos crímenes. Con plan, los interludios los vive el delincuente, no el vecino.
Reflexión final
Presidente Jerí: el país no necesita más reflectores, necesita resultados auditables. Publique el plan integral, fije metas por distrito, rinda cuentas cada mes. La fuerza sin ley es abuso; la ley sin resultados, abandono. El deber del Estado es evitar ambos extremos. Aquí y ahora.