La Contraloría inspeccionó 466 comisarías y el resultado es un déjà vu vergonzoso: techos dañados, baños inoperativos, hacinamiento, mobiliario insuficiente, armas con munición incompleta, chalecos con décadas de uso y radios que mueren por falta de baterías. Mientras tanto, el Ministerio del Interior exhibe apenas 52% de ejecución presupuestal y el presidente José Jerí multiplica visitas a penales que rinden fotografías, no capacidades. ¿Cómo se enfrenta a bandas organizadas con logística de museo y un Estado que mira para otro lado?.
Lo señalado por los auditores no es una anécdota: es la infraestructura de la inseguridad. En comisarías donde se tramita la primera denuncia, se toma la primera declaración y se coordina el primer patrullaje, faltan computadoras, sillas e impresoras; algunos agentes terminan costeándolas de su propio bolsillo, comprometiendo la seguridad de la información y exhibiendo una brecha logística que ya es sistémica. Sin radios confiables ni reposición de chalecos y munición, el tiempo de respuesta se estira, el patrullaje sectorial se vuelve retórico y la disuasión policial pierde efecto.
La cifra de ejecución (52%) es una alarma con nombre y apellido: planificación deficiente, compras tardías o mal diseñadas, y un tablero de control que no empuja metas trimestrales. Si el Ejecutivo pretende que el estado de emergencia sea más que una consigna, necesita pasar del espectáculo al instrumental: inventario nacional de activos, reposición escalonada con estándares verificables, mantenimiento programado, capacitación asociada a cada entrega y auditoría operativa independiente. Un patrullero sin radio es un vehículo; un chaleco vencido es una ilusión de protección; una comisaría sin agua ni red eléctrica confiable es un trámite de papel, no una base de seguridad.
No se trata de “más plata” a ciegas, sino de gastar bien y a tiempo: contratos con SLA (acuerdos de nivel de servicio), penalidades por incumplimiento, interoperabilidad real entre PNP, serenazgo y fiscalía, y un sistema de datos que mida tiempos de atención, patrullaje efectivo y casos resueltos por sector. Transparencia total: publicación mensual de avance físico-financiero por comisaría, proveedor y partida.
Sin equipamiento, la policía administra la impotencia. El Gobierno debe fijar un plan de choque con metas a 100 días y 12 meses: radios, chalecos, munición, TI básica, mantenimiento y formación. Lo demás es ruido de conferencia de prensa.
Reflexión final
La seguridad no se decreta, se construye. Si el Estado pide a la PNP resultados, debe entregar primero herramientas. Sin ejecución y control, cada día que pasa es territorio cedido al crimen.