Cinco hospitales de alta complejidad prometidos; demasiados escombros y vallas publicitarias como balance. La empresa china Sinohydro, heredada como contratista estrella del portafolio sanitario de Dina Boluarte, sigue al mando de proyectos millonarios paralizados o enredados en adendas. El resultado ya no es noticia: quirófanos fantasma, cronogramas vencidos y comunidades obligadas a cruzar provincias para atender una urgencia. La retórica de modernización se volvió un eco entre fierros oxidados.
La pregunta es menos geopolítica que elemental: ¿quién manda en la obra, el Estado o el contratista? Con Sinohydro, el patrón se repite: plazos que se corren, personal que se reduce, obras “al 60%” que no operan ni una sala de partos. No falla solo una compañía; falla el sistema que la premia con nuevas adjudicaciones pese a atrasos previos. El expediente técnico migra a adenda, la penalidad se licúa, la supervisión se terceriza y el ciudadano paga dos veces: en impuestos y en horas perdidas en pasillos saturados.
El problema tiene nombre y método. Planeamiento que prioriza anuncios antes que brechas sanitarias; contratación sin filtros de desempeño (métricas de cumplimiento verificadas, fianzas ejecutables, cláusulas de “step-in” para reemplazar al incumplidor); supervisión sin dientes (informes reservados, hitos sin evidencia fotográfica georreferenciada, tableros opacos); sanción renuente (inhabilitaciones dormidas en el Tribunal de Contrataciones y arbitrajes eternos). En ese vacío, la “obra emblemática” se convierte en activo inmóvil y, peor, en coartada para nuevas promesas.
Mientras tanto, el costo humano no admite prórroga: UCI que no existen, oncológicos que esperan meses, partos referidos a 300 kilómetros, especialistas que desertan porque el hospital que los iba a retener no pasa de esqueleto. La herencia no es un contrato; es una pérdida de confianza. Y sin confianza, ninguna reforma sanitaria despega.
Basta de ceremonias de “reinicio”. Se requiere auditoría integral vinculante de todos los hospitales a cargo de Sinohydro (avance físico-financiero, cronogramas realistas, costos hundidos), publicación en datos abiertos de contratos, adendas y supervisiones, ejecución inmediata de garantías y, de ser el caso, resolución por incumplimiento con activación de la figura de sustitución de contratista. La regla debe ser simple: empresa que paraliza sin causa justificada, empresa inhabilitada y denunciada por perjuicio.
Reflexión final.
La Caja Negra propone un estándar: “dinero por evidencia”. Sin hito verificado por un interventor independiente, no hay pago. Sin hospital operativo, no hay foto. Y sin responsables con nombre y apellido, no hay olvido. La salud pública no necesita más maquetas; necesita paredes que curen y autoridades que cumplan. Aquí se mide en camas, no en discursos.