Los pasillos que huelen a cilantro y pan de madrugada se preparan para bajar la reja. El 6 de noviembre, los mercados —esa infraestructura emocional de la economía popular— pararán porque ya no negocian precios: negocian sobrevivencia. La Confenatm, que agrupa a más de 3.600 mercados, sostiene que la mitad paga “protección” a mafias. Y José Jerí, entre fotos en penales y comisarías, sigue confundiendo presencia con gestión. El estado de emergencia prometió orden y dejó un eco: más amenazas, más cobros, más muertos.
La extorsión se volvió rutina con tarifario y horario. El “aviso” llega por WhatsApp; la impuntualidad se castiga con fuego “accidental”, disparos al aire o sobres que huelen a pólvora. En paralelo, otra mano exprime: el DS 010-2019 trató a los mercados como si fuesen plantas industriales, impuso parámetros de descarga inviables y multiplicó multas que superan por diez o veinte los recibos de agua. Así, el puesto de papa financia al extorsionador por la noche y al regulador por la mañana. En Lima y Callao —vitrina del estado de emergencia— San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Villa María del Triunfo y Puente Piedra repiten la postal: comerciantes con miedo, clientelas que se encogen, dirigentes bajo amenaza.
La respuesta oficial gira en círculos. Reuniones “técnicas” que no resuelven, operativos que duran lo que dura la cámara, comunicados reciclados con fecha nueva. Falta brújula que articule seguridad, formalización y salubridad; sobre todo falta política: convocar a policías, fiscales, Sunat, municipios, Sedapal y gremios para definir qué se hará, cuándo, con qué presupuesto y qué consecuencias habrá si no se cumple. Sin cruzar flujos de dinero, chips, IMEIs, placas clonadas y patrones de cobro, la represión episódica apenas despeina al crimen. Sin corregir un marco que trata al que vende pescado como si operara una curtiembre, la legalidad deviene caja registradora de la multa.
Cuando abrir una reja depende del “permiso” de una banda, el Gobierno ya cedió la llave del barrio. Si la canasta básica se arma pagando peaje, Jerí administra la foto, no la seguridad. Un país no se gobierna con visitas guiadas ni con decretos que recortan derechos, sino con un plan medible, público y verificable que cambie hábitos criminales y reglas absurdas. Hasta ahora, el mensaje que baja desde Palacio es simple: arréglense como puedan.
Reflexión final
El 6 de noviembre no es un berrinche: es un ultimátum cívico. O Jerí transforma la puesta en escena en resultados visibles —capturas sostenidas, cobros desactivados, multas racionales y mercados abiertos sin “protección”—, o aceptará, por omisión, que las mafias gobiernen el precio del tomate. La paciencia ciudadana, como el pescado fresco, no espera: si el Gobierno no ocupa el territorio, otros ya lo están facturando.