Donald Trump ha justificado reanudar las pruebas nucleares de Estados Unidos con el argumento de que Rusia y China ya las realizarían en secreto. Más allá del efectismo político, la propuesta rompe un consenso frágil que, desde 1992, ha contenido la carrera por detonar bombas y ha sostenido una norma de contención aceptada —aunque imperfecta— por las potencias. Volver a probar no solo encarece la seguridad global: abre la puerta a una espiral de desconfianza y a un gasto que desvía recursos de necesidades urgentes.
El dato duro es incómodo para la retórica: Estados Unidos no realiza explosiones nucleares desde 1992 y ha mantenido la confiabilidad de su arsenal con un programa científico sin detonar, a la vez que firmó —pero nunca ratificó— el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT). Rusia lo “desratificó” en 2023, China lo firmó sin ratificar; la norma, pese a ello, ha contenido detonaciones durante décadas. Reanudar pruebas erosiona esa arquitectura y, por imitación o excusa, invita a otros a cruzar la misma línea.
La administración ha enviado mensajes contradictorios: mientras el presidente habla de “probar como los otros países”, su propio secretario de Energía matiza que serían ensayos de sistemas sin explosiones. La ambigüedad no es inocua: en asuntos nucleares, la señal es política antes que técnica y los rivales responden a señales. La ONU ya advirtió que cualquier regreso a pruebas explosivas “nunca debería permitirse” por el riesgo de escalada y por el daño a la norma que, justamente, ha evitado lo peor desde el fin de la Guerra Fría.
Hay, además, un problema de oportunidad y de costo-beneficio: reactivar un ensayo con explosión no es un interruptor; exige años, presupuesto, consensos legislativos y un rediseño de la infraestructura de pruebas. Todo para obtener información que hoy la comunidad técnica obtiene, con alta confianza, vía modelamiento y experimentos no críticos. El rédito estratégico es dudoso; el costo diplomático, inmediato.
La seguridad no se construye a golpes de mesa ni con fogonazos subterráneos. Si la preocupación es verificable —posibles pruebas encubiertas de otros— la respuesta responsable es reforzar verificación, transparencia y control de armamentos, no incendiar la norma que aún nos protege. Reanudar detonaciones invierte la carga de la prueba: EE. UU. pasaría de defensor imperfecto del statu quo a su principal demoledor. La política madura exige exactamente lo contrario: liderazgo para reconducir a Rusia y China a compromisos verificables, fortalecer el régimen del CTBT y blindar la moratoria global. La disuasión del siglo XXI no necesita más cráteres; necesita menos opacidad, más ciencia y mucha más diplomacia.