Mientras el país exige limpieza y resultados, varias bancadas presentan a la reelección a congresistas denunciados por recortar sueldos a trabajadores. No es un descuido: es una apuesta calculada a la desmemoria. Y es, sobre todo, una prueba de estrés a la ética pública.
Según el Diario Correo, al menos nueve parlamentarios con denuncias por “mochasueldos” alistan su retorno en 2026: Rosío Torres, María Acuña, Magaly Ruíz y Alejandro Soto (APP); José Arriola y Heidy Juárez (hoy en Podemos); Hilda Portero (Acción Popular); María Agüero (Perú Libre) y Katy Ugarte (Juntos por el Perú–Venceremos–Bloque Magisterial).
Los expedientes no desaparecen porque se convoquen mítines. En algunos casos, hubo decisiones administrativas o congresales que archivaron denuncias —la Subcomisión de Acusaciones cerró la de Rosío Torres—, lo que no esfuma el hecho político de fondo: el uso de poder para pedir parte del salario a subordinados.
En otros, la justicia ordenó diligencias intrusivas por sospechas razonables, como el levantamiento del secreto bancario a Heidy Juárez por presuntos cobros irregulares a su personal.
La coartada es conocida: “no hay sentencia firme”. Jurídicamente válida; democráticamente insuficiente. La representación exige un estándar superior al mínimo penal: transparencia documentada, rendición de cuentas y reparación pública. Llevar a la papeleta a quienes cargan este patrón de conducta envía un mensaje nítido: los partidos priorizan maquinaria electoral antes que integridad.
El votante, sin embargo, ya ha castigado antes. La reelección legislativa en el Perú es históricamente baja cuando los perfiles llegan erosionados; la memoria social —potenciada por la fiscalización digital— no olvida con facilidad. Pensar lo contrario es subestimar al electorado y trivializar el daño causado a trabajadores que, desde posiciones vulnerables, fueron convertidos en “caja chica”.
La Caja Negra sostiene que ninguna organización que se reclame democrática debe postular a figuras bajo la sombra del “mochasueldos”. No basta alegar “debido proceso”: corresponde exigir certificaciones de cumplimiento laboral, devoluciones efectivas cuando haya cobros indebidos, y compromisos verificables de integridad. El estándar es simple: quien se lucra del sueldo ajeno, no puede administrar el dinero público.
Lo que está en juego no son nueve candidaturas, sino el mensaje que se imprime en la papeleta: o la política se limpia y educa con el ejemplo, o normaliza la rapiña como “costumbre de oficina”. Si los partidos no corrigen, que lo haga el voto informado.
Reflexión final
Corresponde a la ciudadanía —con prensa, plataformas de verificación y memoria activa— cerrar la puerta al retorno del “mochasueldos”. La democracia no se defiende con slogans, sino con controles: sin firmas limpias y sueldos íntegros, no hay curul posible.