Nos vendieron el estado de emergencia como cirugía mayor y resultó ser una curita fluorescente. Mientras José Jerí colecciona fotos en penales y comisarías, la extorsión factura, contrata y se expande. Ironía cruel: el crimen ya opera con metas y cronogramas; el Gobierno aún busca el archivo del plan.
La extorsión dejó de ser delito satélite para convertirse en el centro de gravedad del hampa. Es plataforma de integración: conecta venta de datos, telecomunicaciones ilícitas, logística clandestina, lavado, sicariato y mano de obra tercerizada. El manual es idéntico de frontera a frontera: llamada por WhatsApp, “tarifario” por rubro, ultimátum con reloj de arena. Incumples, y aparece el incendio “accidental”, el balazo al aire, el sobre con mensaje viejo y amenaza nueva. La economía popular aprende contabilidad criminal: peaje para abrir el puesto, peaje para no cerrar la boca.
El Estado, en cambio, responde a ritmo de comunicado. Operativos de fin de semana, conferencias con estadísticas sueltas y la liturgia del “seguimos trabajando”. ¿La mesa de mando integral con policía, fiscalías, Sunat, inteligencia financiera, reguladores, municipios y gremios? Brilla por su ausencia. ¿Metas, plazos, responsables y presupuesto hasta el 28 de julio de 2026? Silencio administrativo. Sin trazar dinero, armas, chips, IMEIs y placas clonadas, se golpea la espuma y se salva la ola. Sin blindar a denunciantes y dirigentes, nadie se expone. Y si a los mercados y transportistas se les exige cumplir estándares imposibles mientras pagan “protección”, el Gobierno firma su propia renuncia: terceriza la autoridad en mafias con mejor cobranza que la Sunat.
La emergencia permanente es solo un escenario de cartón piedra. Distrae, restringe, desgasta, pero no desarticula. La criminalidad lo entendió primero: allí donde el Estado muestra uniforme, ella coloca cobradores. Donde el Gobierno monta un operativo, el hampa muda de número, barrio y proveedor.
La extorsión no se derrota con patrullajes para la cámara ni con frases en horario estelar. Se quiebra el negocio: seguir el dinero, cortar telecomunicaciones ilícitas, ocupar territorio económico y medir resultados semanalmente con nombres y sanciones —también para funcionarios omisos. Si Jerí no pasa de la foto al tablero de control, el país seguirá viviendo de recibos y pagando con miedo.
Reflexión final
Hoy el único plan con indicadores es el de Extorsión S.A. La pregunta no es si la ciudadanía aguanta; es cuánto más tardará el presidente en gobernar con método y rendición de cuentas. Porque cada “pague y siga” que suena en un celular es, en realidad, el eco de un Estado que decidió no contestar.