Cuando un video de campaña desaparece de las redes y, al mismo tiempo, asoma la sospecha de que se usó una cámara del Congreso para filmarlo, no es un simple desliz técnico: es un síntoma. El mitin en Trujillo donde Keiko Fujimori anunció su cuarta postulación fue transmitido en vivo y luego quedó “no disponible”. La denuncia periodística sobre el presunto uso de bienes públicos para un acto partidario pone en jaque dos pilares básicos: neutralidad electoral y probidad.
La respuesta institucional fue quirúrgica: dos trabajadores cesados y anuncio de investigación administrativa. El hilo, una vez más, se corta por lo más delgado, como si el problema fuera un par de manos y no la cadena de decisiones que permitió que un equipo del Estado termine capturando propaganda electoral. ¿Quién autorizó? ¿Quién retiró el equipo? ¿Quién garantizó custodia y trazabilidad? Sin esas respuestas, la “sanción” luce más como cortina de humo que como corrección de rumbo.
En paralelo, el contraataque comunicacional intentó encuadrar la historia como una obsesión mediática: recortes, ironías en X, el viejo recurso del “no es para tanto”. Pero el punto de fondo no es la intensidad del titular ni el encuadre del noticiero; el punto es por qué hubo que borrar la transmisión si todo era impecable. Si el material fuera intachable, estaría fijado en todas las plataformas, no escondido en el archivo de lo inconveniente.
La línea que separa al Estado de la campaña es delgada y, por eso, sagrada. Cuando se cruza, aunque sea “solo” con una cámara, no hablamos de un detalle irrelevante sino de una ventaja indebida: acceso a logística, personal, protocolos y recursos que ningún competidor posee. Eso erosiona la cancha pareja y confirma un reflejo que el país conoce desde los noventa: confundir aparato estatal con maquinaria partidaria.
No basta con despedir a dos funcionarios ni con chanzas en redes. Si hubo uso indebido de bienes públicos, corresponde reconstruir la ruta completa de responsabilidad: quién pidió, quién dispuso, quién supervisó y quién se benefició. La neutralidad electoral no es un tecnicismo; es la garantía mínima para que compitan proyectos y no privilegios.
Reflexión final
La campaña recién empieza y ya hay edición selectiva de la realidad y respuestas de baja altura. Si este es el tráiler, sabemos cómo termina la película: con instituciones desdibujadas. El país no necesita más trucos de cámara; necesita que, aun con el “en vivo” apagado, la ética pública siga encendida.