La reapertura de CADE en Lima, tras 17 años, llegó con un mensaje nítido: el sector empresarial no puede ser espectador frente a la inseguridad. Desde el podio, voces como Eva Arias (Compañía Minera Poderosa), Isabel Noboa (Nobis Holding), José Luis Manzano (Integra Holding) y Bernardo Larraín (CMPC) coincidieron en algo esencial: sin alianzas, instituciones sólidas y reglas claras, no hay inversión sostenible ni ciudadanía segura. La seguridad es también una causa empresarial.
Arias puso ejemplo concreto: Pataz padece el embate de la minería ilegal. Hay mayor presencia del Estado, pero se requiere que el sector privado “asuma el reto con realismo y responsabilidad” para que la gente trabaje en paz. El mensaje es clave: la empresa no reemplaza al Estado, lo complementa con capacidades de gestión, tecnología, logística y empleo formal.
Noboa amplió el perímetro de la solución: diálogo con gobierno, universidades y sociedad civil. La inseguridad se enfrenta con coaliciones que integren prevención, datos, innovación y programas comunitarios. Allí caben proyectos de empleabilidad juvenil, compras locales responsables, trazabilidad para combatir economías criminales y formación técnica vinculada a la demanda real.
Manzano recordó un prerrequisito: estabilidad política y un Poder Judicial eficaz. Sin previsibilidad, el capital se retrae y el delito avanza. Larraín añadió el cimiento institucional: políticas y regulaciones robustas, diseñadas con evidencia, que premien la formalidad y penen la captura de rentas. Para el empresariado, esto se traduce en cumplimiento, transparencia, gobernanza ética y cero tolerancia a la colusión o el soborno. La seguridad comienza en casa: compliance, debida diligencia y cadenas de valor limpias.
CADE 2025 propone un pacto práctico: empresas que invierten y se involucran más allá del perímetro de su operación; Estado que garantiza justicia y reglas estables; academia y sociedad civil que aportan conocimiento y vigilancia. Con metas medibles —reducción de delitos en zonas de influencia, formalización, empleos de calidad, proyectos anti-ilegalidad— y presupuestos compartidos, la seguridad deja de ser discurso para convertirse en política pública con coautoría empresarial.
Reflexión final
Combatir inseguridad, corrupción, violencia y racismo es defender la ética que sostiene cualquier mercado. La indiferencia cuesta vidas y también competitividad. Si el empresariado asume, junto a las instituciones, una agenda de integridad, inclusión y desarrollo local, el país gana estabilidad y futuro. CADE 2025 abre la puerta: que la alianza por la seguridad sea el nuevo estándar de hacer empresa en el Perú.