En CADE 2025, Rafael López Aliaga buscó fijar agenda con tres palabras fetiche: seguridad, justicia y crecimiento. Llegó con 17 diapositivas, 84 propuestas y un reloj implacable que lo dejó en el punto 32 del eje económico. Quedaron sin desarrollar educación y salud: los dos motores reales del crecimiento inclusivo. Entre un código QR y promesas de shock legislativo en 100 días, el mensaje fue claro: orden a cualquier costo y obras a cualquier precio.
En seguridad y justicia, el guion privilegia el espectáculo: “jueces sin rostro” para el “terrorismo urbano”, retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cárceles en “zonas no contactadas”, grilletes electrónicos para extranjeros no registrados, sanciones a telefónicas y US$1.000 millones para inteligencia policial y militar. ¿La pregunta incómoda? ¿Dónde están la evidencia de impacto, los resguardos de debido proceso y la supervisión civil. Volver a fórmulas de los noventa no resuelve instituciones débiles, fiscalías saturadas ni sistemas penitenciarios colapsados. La lucha contra la delincuencia necesita capacidad investigativa, justicia eficaz y prevención social, no atajos que erosionan derechos.
En crecimiento económico, el libreto promete “menos Estado” y grandes inversiones: tren Tumbes–Tacna, hub portuario, 14 aeropuertos internacionales, 20 nacionales y metros en cinco ciudades. Además, gobierno digital centralizado, tercerización de trámites, liberalización de fondos de AFP y una criptomoneda nacional “respaldada en oro”. Ideas llamativas, pero ¿con evaluación costo-beneficio, financiamiento, prioridades sectoriales y cronogramas verificables? Sin licitaciones transparentes, regulación pro competencia y gestión territorial, la megainfraestructura corre el riesgo de ser deuda sin desarrollo. El “Plan Sur Andino” y la promesa de electrificación e internet satelital al 100% suenan estratégicos; no obstante, la exposición no llegó a esas páginas, metáfora de una política que promete más de lo que puede ejecutar.
El Perú necesita seguridad con Estado de derecho y crecimiento con inclusión. Ni máscaras judiciales ni salidas del sistema interamericano garantizan justicia; la garantizan jueces independientes, fiscales capacitados y políticas basadas en evidencia. Tampoco los megaproyectos sustituyen la urgencia de educación y salud; las potencian cuando hay priorización, transparencia y continuidad.
Reflexión final
Exijamos al candidato planes evaluables: metas, costos, fuentes de financiamiento, responsables y plazos. Menos slogans, más institucionalidad; menos anuncios, más ejecución. La verdadera firmeza es contra la corrupción, la improvisación y la impunidad. Si CADE es la vitrina del futuro, que lo sea con derechos sólidos y cifras que cierren, no solo con promesas que a mitad de lectura ya se quedan sin tiempo.