El asilo político salvó vidas cuando las botas callaban tribunales. Hoy, sin reglas claras y con afinidades ideológicas a la vista, amenaza con convertirse en atajo para eludir responsabilidades. México ha concedido asilo a Betssy Chávez, antes a la familia de Pedro Castillo, y ha defendido a aliados selectos en la región. La pregunta no es si puede: es si debe hacerlo como lo hace, sin estándares verificables, y a costa de tensar la legalidad y la diplomacia.
La tradición mexicana tiene páginas luminosas —Martí, Haya de la Torre, Trotsky, el exilio republicano español, la familia de Allende—, pero el presente exhibe una deriva utilitaria. Evo Morales en 2019, varios correístas con causas abiertas, la defensa cerrada a la familia de Castillo y ahora Chávez: el patrón huele menos a protección humanitaria y más a protección de convenientes. Cuando el refugio se administra con simpatías, deja de ser principio y se vuelve coartada.
No se trata de absolver atropellos institucionales. Ecuador violó la Convención de Viena al irrumpir en la embajada mexicana en Quito: hecho grave y condenable. Pero ese exceso no blanquea que el asilo no puede blindar delitos comunes ni procesamientos sustentados. El sistema interamericano es claro: ampara perseguidos políticos, no prófugos de la justicia. Convertir embajadas en “zonas francas” jurídicas corroe la confianza y normaliza la impunidad por ventanilla diplomática.
Perú tampoco sale indemne. La respuesta oficial oscila entre la indignación performativa y la diplomacia a golpe de micrófono, mientras la justicia sigue reclamando celeridad, evidencia sólida y comunicación técnica. Si el caso Castillo y la investigación a Chávez son robustos, que hablen los expedientes, no los adjetivos. Estado que grita, pero no prueba, regala argumentos al relato del perseguido.
La salida es institucional y poco glamorosa: México debe publicar criterios, matrices de riesgo y dictámenes técnicos de cada asilo; diferenciar con rigor persecución de causa penal; sujetarse a revisiones independientes y plazos. Perú debe blindar el debido proceso, activar cooperación judicial sin estridencias y sostener la protesta diplomática con documentos, no con gestos. Y ambos países deben comprometer un mecanismo regional de auditoría de asilos con veeduría internacional.
Refugiados sí; refugiados selectivos, no. El asilo es un salvavidas, no un salvoconducto. Si América Latina quiere justicia sin cartillas partidarias, que la protección ampare a quienes la necesitan y que la ley alcance a quienes la deben, sin atajos, sin favores, sin excepciones.