Más de 20.000 denuncias por extorsión y 11 sentencias firmes. No es un desliz: es una política no escrita. La justicia peruana —fiscalía, Poder Judicial y policía— perfeccionó un talento: administrar expedientes, no justicia. Y cuando las mafias agradecen la lentitud estatal, la ciudadanía financia, con miedo e impuestos, un sistema que no cumple su función básica: sancionar al delincuente.
Las cifras no admiten maquillaje: menos del 0,05% de denuncias por extorsión termina en condena; 96% de internos por ese delito carece de sentencia. Esto no se explica por “carga procesal”, sino por decisiones gerenciales previsibles: investigaciones sin estándares, audiencias que se suspenden por formalismos, fiscales sin metas medibles, jueces sin control de plazos y una policía que investiga con herramientas del siglo pasado.
La cadena de responsabilidad es concreta. Fiscal de la Nación y presidentes de cortes: ¿dónde están los tableros públicos de productividad por distrito fiscal y por sala? Presidencia del Poder Judicial: ¿por qué no hay metas trimestrales obligatorias para procesos de crimen organizado con publicación de tiempos, tasas de sobreseimiento y razones de nulidad? Ministerio del Interior: ¿por qué no se integran, en tiempo real, denuncias, pericias y georreferenciación para armar casos sólidos? INPE: ¿qué plan verificable existe para cortar la operación delictiva intramuros mientras el hacinamiento convierte cárceles en oficinas de logística del crimen?.
El resultado es una pedagogía perversa: el ciudadano aprende que denunciar es un trámite estéril y el extorsionador aprende que insistir paga dividendos. Entre tanto, el Congreso añade parches normativos que celebran titulares y complican expedientes. Exceso de leyes, déficit de gestión.
No faltan tipificaciones; falta conducción. Exigencia mínima y verificable: (1) metas trimestrales por fiscalía y juzgado para extorsión y homicidio, con publicación de tiempos de investigación y juicio; (2) unidades mixtas PNP-MP con protocolos únicos de cadena de custodia y analítica criminal; (3) jueces dedicados con agenda continua y sanciones por dilación injustificada; (4) interoperabilidad total de bases (Sidpol, MP, PJ, INPE) y auditoría externa de indicadores. Si las cabezas no pueden garantizar esto en 90 días, deben dar un paso al costado. Gestionar la justicia es un cargo, no un honor vitalicio.
Reflexión final
La impunidad no es un accidente: es una elección institucional. O el sistema se reordena con métricas, transparencia y consecuencias, o seguirá premiando al más violento y castigando al que confía en la ley. La ética pública empieza con una frase simple: condenar a tiempo. Sin eso, todo lo demás es ruido.