El Gobierno de José Jerí aprobó, vía Decreto Supremo, una nueva escala salarial para el Servicio Diplomático: embajador S/20.000; ministro S/18.000; ministro consejero S/16.000; consejero S/14.000; primer secretario S/12.000; segundo secretario S/10.000; tercer secretario S/8.000. El incremento —entre 85% y 100%— llega en un país con hospitales desbordados, escuelas postergadas, minería ilegal expandida y delincuencia que marca la agenda diaria. La justificación oficial promete no usar “recursos adicionales”, pero admite que se pagará con el presupuesto vigente. Es decir: reasignar dentro de una frazada corta.
La señal es inequívoca: mientras se pide paciencia a quienes viven con sueldos mínimos y pensiones precarias, se eleva de golpe la remuneración de una cúpula estatal. El mensaje político es aún más elocuente que la cifra: la prioridad no es detener la extorsión y el sicariato, ni recuperar la atención primaria en salud o cerrar brechas en aprendizaje; la prioridad es blindar remuneraciones en la cúspide de la burocracia. En un contexto de “restricciones fiscales”, estas decisiones erosionan la legitimidad y ensanchan la distancia entre Estado y ciudadanía.
El argumento de competitividad internacional del servicio exterior merece debate, pero no puede imponerse sin un plan integral de prioridades, metas y compensaciones cruzadas. ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué programas se verán ajustados para financiar la nueva planilla? ¿Dónde están los indicadores que demuestren que este salto salarial mejorará resultados concretos de política exterior?.
La indignación interna lo confirma: trabajadores no diplomáticos de Cancillería denuncian trato desigual. No se discute la calificación profesional de los diplomáticos, sino el momento y la proporcionalidad. Si el Estado carece de un marco transparente de remuneraciones por desempeño y resultados, subir de manera abrupta a la cúpula transmite la idea de privilegio antes que de reforma.
La política pública también comunica. En plena ola de criminalidad y con demandas sociales sin atender, un aumento de este calibre suena a disonancia estratégica. Gobernar es priorizar: primero seguridad ciudadana efectiva, salud y educación con estándares, y lucha real contra economías ilegales; luego, si corresponde, mejoras salariales con sustento técnico, gradualidad y evaluación.
Reflexión final
El Perú necesita coherencia moral y sentido de urgencia. Cualquier sol de más en la cúspide debe estar atado a resultados verificables y a un horizonte de servicio al bien común. Sin ese ancla, los decretos se convierten en símbolos de distancia. Y hoy la distancia entre el Estado y la gente ya es demasiado grande.