El Perú vive una paradoja política grotesca: los mismos congresistas que votaron leyes “pro-crimen”, que debilitaron la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado, ahora planean regresar en el nuevo Congreso bicameral. Sí, los arquitectos del desmantelamiento institucional quieren volver como “padres de la patria”. La impunidad, parece, no solo se legisla: también se recicla.
Entre 2021 y 2024, el llamado bloque “pro-crimen” —una coalición silenciosa entre fujimoristas, cerronistas, populistas y oportunistas— aprobó un conjunto de normas que redujeron los dientes del sistema penal.
La Ley 31990 limitó la colaboración eficaz; la Ley 32326 ató la extinción de dominio a una sentencia firme, frenando la recuperación de bienes robados; la Ley 32054 blindó a los partidos políticos de sanciones penales; la Ley 32130 trasladó la investigación preliminar de la Fiscalía a la Policía; la Ley 32138 debilitó la persecución del crimen organizado; y la Ley 31989 suavizó controles sobre la minería ilegal. Un manual de autodefensa legislativa con nombre propio.
¿Y quiénes aprobaron este desarme institucional? Ernesto Bustamante, Mery Infantes y Héctor Ventura (Fuerza Popular); José Luna Gálvez y José Arriola (Podemos Perú); Jorge Morante y Héctor Valer (Somos Perú); y Flavio Cruz (Perú Libre) votaron a favor de las seis leyes. Pero no estuvieron solos: Martha Moyano, Patricia Chirinos, Eduardo Salhuana, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón, Alejandro Cavero, Alejandro Soto, Elvis Vergara, entre otros, también respaldaron parte de este paquete “pro-crimen”.
Y ahora todos ellos buscan volver, algunos al Senado, otros a la Cámara de Diputados, como si el país les debiera una reelección por servicios prestados a la impunidad. Lo preocupante es que no regresan para corregir el daño, sino para consolidarlo desde un nivel superior de poder.
Hablar de bicameralidad con este elenco es un insulto a la inteligencia ciudadana. No hay “madurez democrática” posible si quienes debilitaron las leyes anticorrupción serán los encargados de escribir las nuevas. Es la consagración de la trampa: más sillas, menos justicia.
Reflexión final
El Perú no necesita más “pro-crimen” con fuero renovado, sino ciudadanos con memoria. Que la papeleta del 2026 no sea el certificado de reincidencia de un Congreso que legisló para los corruptos y hoy pretende ser bicameral solo para tener más espacio… para sus privilegios.