La inseguridad en el Perú ya no se mide solo en cifras policiales, sino en pulsaciones aceleradas, en insomnios compartidos, en un país que se acuesta con miedo y despierta con ansiedad. Las extorsiones aumentaron un 18% y los homicidios un 3%, pero lo que más crece es el silencio colectivo. Vivir aquí se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional, mientras el Estado se esconde detrás de comunicados vacíos y conferencias sin respuestas.
Los peruanos aprendieron a caminar mirando hacia atrás. La paranoia ya no es exageración, es supervivencia. Cada llamada desconocida, cada moto que frena de golpe, cada chat anónimo activa el reflejo de defensa que la autoridad no ofrece. El miedo se volvió rutina. En distritos como San Juan de Lurigancho o Ate, donde las extorsiones son pan de cada día, las familias viven encerradas, los negocios cierran más temprano y los niños crecen aprendiendo a no confiar en nadie.
El daño no es solo económico ni estadístico: es psicológico. La ansiedad generalizada, el insomnio y la hipervigilancia son los síntomas de un trauma social que el Gobierno no trata. El Ministerio de Salud habla de más de 200 mil personas en terapia por miedo a la criminalidad, pero calla frente al origen del problema: la ausencia de Estado. ¿Cómo hablar de salud mental en un país donde la justicia tarda años, la policía carece de inteligencia real y los extorsionadores operan con mejor logística que el propio ministerio?.
El Estado peruano no está superado: está rendido. Los gobiernos han convertido la inseguridad en paisaje, la extorsión en estadística y la ansiedad en efecto colateral. La respuesta es un libreto repetido: decretar emergencias, militarizar calles, anunciar capturas parciales y, luego, volver a la indiferencia. Se gobierna con titulares, no con resultados. La impunidad no solo es la raíz del delito, es su combustible. Y mientras los delincuentes calculan con precisión, las autoridades improvisan con discursos.
El miedo es hoy la política pública más eficiente: se ha instalado sin presupuesto y sin oposición. Un país que normaliza la violencia pierde su noción de futuro. La inseguridad no solo mata cuerpos, mata confianza. Si el Estado no recupera la calle ni la mente de su gente, terminará siendo un espectador más de su propio derrumbe. La salud mental no se cura con terapias, sino con justicia, con prevención y con un gobierno que vuelva a proteger antes de lamentar.