Que el presidente del JNE tenga que decir en público: “no queremos que candidatos dejen la carrera porque fueron extorsionados o amenazados” es, en sí mismo, una confesión de derrota del Estado. No es una frase técnica, es un diagnóstico brutal: ir a elecciones en el Perú de 2026 se parece más a entrar en zona de guerra que a disputar un proyecto de país. Y mientras se habla de chalecos antibalas y “estrategias adicionales”, seguimos sin respuestas sobre quién dejó crecer la violencia que ahora pretende administrarse a punta de comisiones.
Roberto Burneo explica que el JNE coordina con Interior, Defensa, PCM, Defensoría y otros para prevenir ataques, extorsiones y atentados contra candidatos. Correcto, es su deber. Pero la escena es elocuente: el sistema electoral intentando blindar a los postulantes de una inseguridad que el propio sistema político ha tolerado durante años. Se convoca “comisiones multisectoriales”, mientras las mafias extorsionan mercados, empresas y barrios a plena luz del día.
El mensaje es perverso: asumimos que el riesgo de balas, amenazas y chantajes es parte del costo de participar. Se discute si los presidenciables usarán chalecos, pero no se discute con el mismo rigor por qué el crimen organizado tiene margen para condicionar campañas, territorios y votos. Importamos el ejemplo de Ecuador —con candidatos blindados tras un asesinato en plena campaña— sin admitir que el Perú lleva tiempo transitando esa misma ruta de descomposición.
Al mismo tiempo, el JNE advierte que las elecciones están “en riesgo” por falta de presupuesto suficiente. Es decir: hablamos de escoltas para candidatos mientras no tenemos garantizado, a 151 días, el financiamiento completo de los comicios generales, regionales y municipales que irán en paralelo. Pretendemos construir un escudo de seguridad sobre un piso fiscal y administrativo lleno de grietas.
Y en medio de ese caos, siguen apareciendo candidaturas con inhabilitaciones, condenas o serias sombras éticas, que el propio JNE dice que podrían caer al momento de la calificación. Partidos que no filtran a sus postulantes, un Estado que no controla el territorio y un sistema electoral que pide más plata y más protección: esa es la radiografía.
Blindar a los candidatos sin enfrentar el pacto tácito con la inseguridad es puro maquillaje. El Ejecutivo y el Congreso no solo deben asegurar recursos: deben asumir, de una vez, que sin recuperar el control del territorio cualquier elección se vuelve rehén de amenazas y de dinero sucio. Los partidos, por su parte, tienen que dejar de comportarse como clientes del sistema y empezar a ser responsables de la calidad —y seguridad— de sus propias campañas.
Reflexión final
Si seguimos naturalizando que competir requiere chaleco, escolta y cálculo de riesgo, el mensaje al ciudadano es claro: la política es un juego reservado para quienes pueden costear el miedo. La verdadera medida de 2026 no será cuántos spots se emiten, sino cuánta seguridad real y cuánta limpieza democrática estamos dispuestos a exigir antes de acercarnos a la urna. Sin eso, el peligro no es que un candidato abandone la carrera; es que la ciudadanía abandone la democracia.