Hay candidatos que insinúan, otros que disimulan y otros —como Rafael López Aliaga— que ya ni se toman la molestia. Declarar que disolverá el Congreso si no le aprueban retirarse de la Corte IDH no es una propuesta: es un aviso. Un adelanto del tipo de país que pretende construir. No habla de seguridad ni de justicia: habla de control. No plantea políticas: plantea sometimiento. Y lo más inquietante es que lo dice en voz alta, confiado en que el miedo hará el resto.
El discurso es transparente hasta la crudeza. Si el Parlamento no obedece, se disuelve. Si la justicia incomoda, se oculta tras jueces sin rostro. Si los organismos internacionales exigen límites, se rompe el vínculo. Si los derechos humanos recuerdan que el Estado también puede abusar, se los trivializa. Nada en su planteamiento busca proteger a la ciudadanía: busca proteger el poder de cualquier freno.
La Corte IDH no es un capricho ideológico; es una de las pocas instancias que ha obligado al Estado peruano a enfrentar sus responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Quienes quieren retirarse de ella no buscan eficiencia, buscan impunidad. Pretender salir de un sistema de supervisión internacional y, al mismo tiempo, pedir facultades para encerrar personas en “colonias” aisladas en la selva, sin garantías, es una señal demasiado clara para ignorarla.
El populismo punitivo es una receta conocida: ofrecer cadenas perpetuas como si el problema fuera la magnitud de la pena y no la certeza de la sanción. La delincuencia no retrocede porque se anuncien castigos más largos, sino cuando la Policía investiga bien, la Fiscalía procesa sin miedo y los jueces pueden fallar sin presiones. Nada de eso aparece en el proyecto del precandidato. Lo que sí aparece es un intento por convertir el miedo en plataforma y la confrontación en método.
Hablar de “empezar con la pata en alto” sintetiza el verdadero mensaje: gobernar sin contrapesos. Es la promesa de un Ejecutivo que usaría la Constitución como ultimátum y no como pacto democrático. Cuando alguien anuncia que disolverá el Congreso “de entrada”, no está describiendo un plan de gobierno: está anunciando un rediseño del país bajo su criterio personal.
Las declaraciones de López Aliaga no son improvisaciones. Son una hoja de ruta. Una donde los derechos humanos sobran, la supervisión molesta y el Congreso se acepta siempre que obedezca. Ese no es un proyecto de seguridad: es un proyecto de poder.
Reflexión final
El Perú ya ha visto cómo empiezan estos discursos: prometen orden, terminan quebrando libertades. Lo que está en juego no es si su propuesta es viable, sino si tendremos la lucidez de reconocer que, detrás del grito de “mano firme”, a veces se esconde la mano que quiere gobernar sin límites.