En el Perú de José Jerí la seguridad ciudadana se mide, al parecer, por el número de visitas a penales y comisarías, no por el número de muertos. Y las cifras son demoledoras: entre enero y octubre de 2025 se registraron 1.888 homicidios a nivel nacional, un aumento de 12,8% frente al mismo periodo de 2024, según el Sinadef. Las muertes crecen, la inseguridad se dispara y el “plan integral contra la criminalidad” sigue extraviado… probablemente en alguna conferencia de prensa.
Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior completan el cuadro: hasta octubre de 2025, las denuncias por extorsión aumentaron 27,4% y las tentativas de homicidio crecieron 8,3% respecto al año anterior. No es un bache coyuntural, es una tendencia. Madre de Dios llega a 30,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Tumbes a 27, y el Callao a 13,5, todos con incrementos de escándalo frente a 2024.
Mientras tanto, Jerí recorre penales, revisa celdas, sale en fotos junto a policías y militares, declara estados de emergencia y promete “actuar con firmeza”. Pero las cifras muestran otra cosa: la criminalidad va por delante y la respuesta política por detrás. El estado de emergencia se ha convertido en un decreto de rutina, sin resultados sostenibles ni estrategia territorial clara.
La percepción ciudadana confirma el fracaso. De acuerdo con el INEI, en el semestre enero-junio de 2025 el 52,2% de la población considera a la delincuencia uno de los principales problemas del país y el 19,7% señala específicamente la falta de seguridad ciudadana, solo por detrás de la corrupción. No es solo miedo: es una constatación empírica de que las cosas van peor.
Todo esto tiene un costo económico concreto: los costos directos del crimen y la violencia alcanzan el 2,82% del PBI, según estudios especializados, drenando recursos, ahuyentando inversión y deteriorando la vida diaria de millones. Y, sin embargo, Jerí sigue actuando como si bastara con reforzar serenazgos y multiplicar operativos de impacto mediático. El problema es estructural y regional; la respuesta, fragmentada y coyuntural.
Otros países de la región han mostrado que sí se puede golpear al crimen organizado con operaciones de gran escala —como la Operación Ultranza PY en Paraguay— o con modelos de presencia sostenida y programas sociales, como las UPP en Río de Janeiro. No se trata de copiar, sino de reconocer que la improvisación no es política de seguridad. Para eso se necesita lo que hoy falta: plan nacional, coordinación interinstitucional e indicadores públicos de resultado.
Reflexión final
El Perú no necesita más discursos de “mano dura” ni más recorridos presidenciales con chaleco y micrófono. Necesita que José Jerí deje de gobernar desde la foto y empiece a gobernar desde los datos: metas claras de reducción de homicidios y extorsión, inteligencia criminal real, persecución patrimonial y trabajo conjunto con municipios. Porque mientras las cifras suben y las respuestas se repiten, la única constante es esta: la delincuencia avanza, y la famosa “guerra” contra el crimen se libra, por ahora, solo en los titulares.