El juicio oral contra Pedro Castillo entra a su recta final y, con él, la posibilidad de que el expresidente responda penalmente por el intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022. No se trata de una “persecución política”, como insiste su narrativa, sino de algo mucho más simple y grave: un mandatario que, desde el poder, decidió saltarse las reglas del juego democrático y ahora enfrenta las consecuencias.
La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. En un escenario de recalificación a conspiración para la rebelión, la pena bajaría a 19 años y 30 días, pero la esencia del caso no cambia: hubo intención de disolver el Congreso por la fuerza, intervenir el sistema de justicia y gobernar al margen de la Constitución. No fue un lapsus ni un mal asesoramiento; fue una decisión deliberada.
Junto a él, están en el banquillo Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y altos mandos policiales, para quienes también se piden penas de larga duración. Mientras la defensa intenta minimizar los hechos y convertir el proceso en una batalla de relatos —incluyendo intervenciones pintorescas como la historia del “niño y el pollo” resucitada en plena audiencia—, el expediente judicial recoge actos concretos: un mensaje a la Nación anunciando un golpe, instrucciones dadas, órdenes impartidas y un país que quedó al borde del abismo institucional.
Castillo no fue un simple presidente torpe: fue un presidente que, acorralado por su propia incapacidad y por una gestión plagada de escándalos, eligió la salida más peligrosa, la del atajo autoritario. Su intento de presentarse hoy como víctima borra deliberadamente el hecho de que, desde Palacio, intentó romper las reglas que debía proteger. Convertir ese acto en mera “reacción política” es una forma de relativizar el daño que provoca cualquier intento de golpe, triunfe o fracase.
Que el sistema político en su conjunto esté desacreditado no absuelve a quien, teniendo la máxima responsabilidad, decidió dinamitarlo un poco más. La desconfianza en el Congreso y en las élites no legitima la aventura personal de un mandatario que quiso gobernar sin contrapesos.
La eventual sentencia contra Pedro Castillo no resolverá la crisis democrática del Perú, pero sí puede marcar un precedente indispensable: ningún presidente, venga de donde venga, puede usar el poder para intentar imponerse por encima de la Constitución. Una condena sólida, técnica y bien fundamentada no será “venganza”, sino afirmación básica de algo que el país necesita recordar: el voto otorga mandato, no licencia para el golpe. Castillo eligió el camino del quiebre; ahora le toca al sistema demostrar que aún es capaz de poner límites.