La boleta del 12 de abril de 2026 no solo definirá quién se sienta en Palacio. También definirá quién está a un paso de reemplazarlo. En un país donde la vicepresidencia ya no es “decorativa”, sino puerta giratoria del poder –Vizcarra tras Kuczynski, Boluarte tras Castillo–, que seis precandidatos a la vicepresidencia arrastren sentencias, investigaciones o denuncias debería encender todas las alarmas ciudadanas.
Los casos no son detalles de “vida privada”, son radiografías de cómo los partidos entienden (o desprecian) la ética pública. Ahí está Arturo Fernández Bazán, precandidato a la primera vicepresidencia por Un Camino Diferente, con condena de prisión efectiva por difamación y hoy prófugo, pero anunciando campaña desde la clandestinidad. La República En Fuerza y Libertad, María Luz Pariona, aspirante a la segunda vicepresidencia, es investigada por presunto cobro de cupos y direccionamiento de contratos en el Gobierno Regional de Junín, mientras su compañero de plancha, Gilbert Violeta, ya tuvo una investigación preliminar por presuntos cobros en campaña, luego archivada.
En Perú Libre, la fórmula la completan Bertha Rojas, incluida en la investigación preliminar por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro”, y el congresista Flavio Cruz, con una denuncia constitucional archivada por presunto uso irregular de pasajes aéreos. La República APP presenta a Alejandro Soto, investigado por cohecho en el marco de la presunta red de Patricia Benavides; Avanza País lleva a Karol Ivett Paredes, incorporada al caso “Los Niños” por presunta organización criminal y tráfico de influencias. La República Somos Perú suma a Herbe Olave, denunciado por presunta malversación de fondos en el Consejo Regional del Cusco, y el APRA postula a Mauricio Mulder, con investigación preparatoria por asociación ilícita y lavado ligado a aportes de Odebrecht.
La Constitución, vía el artículo 34-A, ya impide postular a sentenciados en primera instancia por delito doloso. Sistema Peruano de Información Jurídica+1 Pero el reportaje de La República muestra un menú de “zonas grises”: prófugos que aún litigan condenas, investigados por corrupción, lavado y redes criminales que, mientras no tengan sentencia firme, se venden como “libres de impedimentos”. El mínimo legal se ha convertido en techo ético.
No es solo un problema de candidatos, sino de partidos que colocan en la línea de sucesión del poder a figuras con pasivos judiciales abiertos, como si el país no hubiera aprendido nada de diez años de crisis, vacancias y golpes fallidos.
Reflexión final
El 12 de abril no elegiremos solo nombres, sino qué entendemos por decencia en la cima del Estado. Si normalizamos vicepresidencias bajo investigación, no podremos fingir sorpresa cuando la próxima crisis institucional vuelva a estallar… esta vez con la sospecha penal instalada desde la propia boleta.