Rafael López Aliaga ya eligió su eje de campaña: no son las propuestas, ni los planes de gobierno, ni la autocrítica por su gestión en Lima. Es el grito de siempre: “fraude”. Ahora vuelve a la carga contra la ONPE, afirma que “sabemos que son delincuentes, que ya nos robaron una elección” y se presenta como víctima permanente del sistema electoral. Directo al corazón de la democracia… para perforarlo.
En Miraflores, ante sus simpatizantes, López Aliaga relató con detalle cómo su partido armó una estructura de personeros, cómo pagaron por actas, cómo controlaron mesa por mesa hasta las cuatro de la mañana… y cómo gracias a eso ganó la alcaldía. Es decir: cuando su maquinaria funcionó, el sistema electoral sí servía. La ONPE fue legítima el día que lo proclamó alcalde, pero se vuelve sospechosa cuando el resultado no lo favorece. Conveniente, ¿no?
Su discurso insiste en el libreto del 2021: un supuesto “padrón de difuntos” de 200 mil votos, una elección “robada”, una ONPE parcializada. Todo ello pese a que seis fiscalías provinciales descartaron irregularidades graves y concluyeron que no hubo fraude en las mesas denunciadas por el fujimorismo. Las resoluciones ratificaron que las acusaciones carecían de sustento. Pero el mito del fraude sigue ahí, reciclado ahora como herramienta electoral para 2026.
El timing no es inocente. El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha advertido que las elecciones de 2026 están en riesgo por un fuerte déficit presupuestal: se aprobaron S/ 390 millones, pero se necesitan más de S/ 553 millones. Mientras el sistema electoral pide recursos para garantizar comicios transparentes, algunos candidatos prefieren debilitarlo desde el micrófono.
En lugar de exigir al gobierno de transición de José Jerí que blinde a la ONPE y al JNE con presupuesto, tecnología y garantías, López Aliaga decide minar la confianza en el árbitro. No plantea reformas, plantea sospechas. No corrige fallas, instala la idea de que, si pierde, será porque “le robaron” otra vez.
Cuestionar al sistema electoral es legítimo; convertir la sospecha en doctrina política, no. Cuando un aspirante a la presidencia descalifica de antemano al árbitro, está preparando el terreno para desconocer cualquier resultado que no lo favorezca. Eso no es fiscalización: es dinamitar las reglas del juego.
Reflexión final
La ciudadanía puede y debe desconfiar, pero con datos, no con relatos prefabricados. Si aceptamos que cada derrota se explique con la palabra “fraude”, la democracia se vacía de sentido. López Aliaga quiere llegar al poder denunciando al sistema que lo puede llevar allí. Toca al elector decidir si compra esa narrativa o si, por el contrario, defiende algo básico: sin árbitro, no hay partido. Y sin reglas, lo que viene ya no es elección, es caos.
Fuente: Infobae