La nueva investigación por pitufeo en la campaña 2021 de Keiko Fujimori vuelve a colocar a Fuerza Popular en el lugar donde nunca dejó de estar: bajo sospecha por el origen de su financiamiento político. Según la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de 2021 se habrían canalizado S/ 1′309,770 al interior del partido usando identidades falsas o prestanombres para encubrir la verdadera fuente del dinero. El reportaje de Narda Saavedra (La República) detalla la ruta de esos aportes y el patrón que los une: nada encaja con la economía real de quienes aparecen como “contribuyentes”.
El caso de Alejandro Saldarriaga y Edwin Tuesta es ilustrativo. El primero, supuesto gerente de transporte con ingresos de S/ 4,500 a S/ 5,000 mensuales; el segundo, jubilado con ingresos informales de S/ 2,000 a S/ 3,000. Entre febrero y marzo de 2021 realizaron 27 depósitos en efectivo por un total de S/ 27,350, siempre fraccionados entre S/ 500 y S/ 1,100. Para la Fiscalía, no se trata de militancia entusiasta, sino de un patrón típico de “smurfing”: dividir montos para esquivar los umbrales de bancarización y diluir la huella del dinero. Una dinámica “atípica, sin naturalidad económica ni espontaneidad política”.
La sospecha se agrava con el bloque de nueve personas inscritas como aportantes en especie por S/ 38,500, entre junio y julio de 2021, que niegan haber entregado bienes, servicios o efectivo. Algunos, como Jorge Gastelú, incluso enviaron cartas formales a la ONPE rechazando toda contribución. Para la Fiscalía, esto apunta a una simulación documental y al uso de identidades sin consentimiento para legitimar operaciones encubiertas, sin bancarización ni registro contable verificable.
No es la primera vez. Cocteles, “aportantes entusiastas”, cajas paralelas, vínculos con Odebrecht: el historial de Fuerza Popular en materia de financiamiento opaco es largo y persistente. Lo que hoy se investiga no parece un desliz aislado, sino la confirmación de un modelo donde el dinero entra por la puerta trasera y sale maquillado como “apoyo ciudadano”. Mientras tanto, el discurso público habla de orden, lucha contra el crimen y respeto a la ley.
La justicia tendrá que demostrar si hubo lavado de activos y quiénes son penalmente responsables. Pero la responsabilidad política ya está planteada. Un proyecto que aspira, otra vez, a gobernar el país no puede seguir escondiendo sus cuentas detrás de jubilados “generosos”, aportantes fantasmas y versiones que cambian cuando aparece la Fiscalía.
La democracia no solo se rompe con golpes de Estado: también se vacía cuando las campañas se financian con dinero cuya procedencia nadie quiere explicar. Si este caso termina en impunidad, el mensaje será devastador: en el Perú, el verdadero poder no está en los votos, sino en la plata que nunca se declara. Y ese es el golpe más silencioso, pero más letal, contra cualquier ética pública.