La publicación de las listas internas para las elecciones generales de 2026 por parte de la ONPE confirmó lo que ya se temía: al menos 81 congresistas buscan reelegirse como diputados o senadores, y la cifra podría aumentar con los “designados” e invitados que los partidos aún se reservan. No es una simple estadística: es la radiografía de un sistema que, pese a su descrédito, insiste en mirarse al espejo y darse nuevamente la razón.
El reportaje de El Comercio muestra cómo, bancada por bancada, se reacomodan los mismos nombres que han protagonizado blindajes, reformas hechas a la medida, capturas institucionales y una desatención casi sistemática a las urgencias ciudadanas.
Lejos de constituir una oportunidad para renovar cuadros, las internas se han convertido en una suerte de subasta interna: quién encabeza la lista al Senado nacional, quién obtiene el “número seguro” en Diputados, quién será colocado por la puerta lateral de los invitados. El mérito no se mide por trabajo legislativo ni por coherencia ética, sino por lealtad a la cúpula, capacidad de negociación o utilidad electoral.
La reelección, en una democracia madura, puede ser un mecanismo saludable: el que rindió cuentas, vuelve; el que falló, se va. Pero aquí se pretende algo distinto: que el Parlamento más cuestionado de los últimos tiempos se conserve casi intacto, protegido por la desaparición del voto preferencial y por un diseño de listas donde el elector se reduce a ratificar lo decidido entre cuatro paredes. Los especialistas advierten, además, que el sistema de cifra repartidora terminará premiando a las bancadas con voto duro, no necesariamente a los mejores representantes.
El mensaje político es devastador. Mientras el país enfrenta inseguridad creciente, servicios públicos colapsados y desconfianza generalizada, el Congreso responde ofreciéndose a sí mismo como “continuidad”. Como si nada hubiera pasado, como si los escándalos, las investigaciones fiscales y las alianzas con sectores abiertamente pro-crimen no fueran parte de la memoria reciente.
Sin embargo, la última palabra no la tienen las listas, sino el voto. La elección de 2026 también será un referéndum sobre estos reeleccionistas. La ciudadanía puede aceptar este reciclaje y resignarse a otro quinquenio de más de lo mismo, o puede usar la única herramienta que el sistema todavía no ha vacado: el poder de sancionar en las urnas a quienes confundieron representación con propiedad. El escaño no es una herencia ni un refugio. Es un mandato revocable. Y esta vez, más que nunca, el país tendrá que decidir si se lo devuelve o se lo quita.