En un arrebato de lucidez histórica, el Congreso ha descubierto que los asistentes a conciertos y partidos de fútbol no son cajeros automáticos con patas, sino personas que necesitan… agua. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que permite ingresar botellas selladas y alimentos a espectáculos de más de 500 personas, además de obligar a instalar puntos de hidratación gratuita. Suena tan básico que sorprende que haya tomado años. Y, sin embargo, aquí estamos: celebrando que, por fin, se reconozca que la sed y el abuso no deberían ir en la misma entrada.
Durante años, el libreto fue siempre el mismo: no se podía ingresar ni una galleta “por seguridad”, pero adentro sí se podía vender una botella de agua a precio de menú ejecutivo. El negocio perfecto: encerrar a miles de personas durante horas, restringir la oferta y luego hablar de “libertad de empresa”. El dictamen aprobado intenta corregir esa distorsión, permitiendo que el público ingrese botellas transparentes y selladas, snacks y, además, exigiendo bebederos y puntos de hidratación gratuitos. Es decir, lo mínimo en cualquier estándar razonable de salud pública.
Por supuesto, no faltaron voces preocupadas por el modelo de negocio. La congresista Adriana Tudela habló de afectación a la libertad de empresa, y Ernesto Bustamante advirtió que, si la gente puede llevar agua, quizá suban los precios de las entradas. Traducido: si ya no se puede exprimir al consumidor dentro del estadio, habrá que buscar otro lado por dónde apretarlo. El problema nunca ha sido la seguridad, sino el margen.
El dictamen, en el papel, es una buena noticia. Pero la historia peruana nos ha enseñado que la norma es apenas el inicio del viacrucis. Falta lo más difícil: que se cumpla. Que la Policía no convierta la “revisión de seguridad” en excusa para decomisar botellas al por mayor; que los organizadores no se parapeten tras “protocolos internos” para seguir restringiendo; que los clubes y promotores entiendan que cuidar al público no es una concesión, sino una obligación.
La medida apunta en la dirección correcta: devuelve un poco de dignidad al consumidor que paga caro por un espectáculo y no debería, además, ser rehén de precios abusivos. Pero si no hay supervisión seria, sanción ejemplar y coordinación real entre Indecopi, municipalidades, Policía y organizadores, el dictamen se quedará en el papel: un lindo anuncio para titulares y nada más.
Reflexión final
Que el Congreso tenga que legislar para que la gente pueda tomar agua en un concierto dice mucho del nivel de abuso normalizado. Ahora toca vigilar la letra chica de la implementación. Si esta vez el sistema funciona, el mensaje será claro: en los recintos deportivos y culturales, la seguridad no puede ser coartada para el negocio fácil. Y el público ya no está dispuesto a pagar entrada, sobreprecio… y silencio.