La democracia peruana entra a las elecciones 2026 con una escena indecente, pero ya normalizada: partidos políticos que ponen tarifa a las candidaturas como si se tratara de stands en una feria. No hablamos de “aportes voluntarios” ni de cuotas simbólicas, sino de montos que llegan hasta S/80 mil por una lista al Senado. Si el que paga manda, entonces el que más paga entra. El mensaje es brutal: la representación ya no es un derecho, es un negocio.
El caso más escandaloso es el de Ahora Nación, partido de Alfonso López Chau. Según documentos revelados por Perú21 y recogidos por otros medios, una lista al Senado por circunscripción nacional única debe abonar S/80 mil antes siquiera de inscribirse; para la Cámara de Diputados, las listas pagan entre S/65 mil y S/10 mil, y para otros tipos de circunscripción se fijan S/12 mil o S/15 mil por lista.
Y no está solo. Progresemos, de Paul Jaimes, establece cuotas desde S/5,000 para la fórmula presidencial y S/400 por cada candidato al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino. Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, fija pagos de S/3,000 para integrar una plancha presidencial y S/500 para el Parlamento Andino. Acción Popular oscila entre S/3,000 y S/2,000 por candidatura, mientras Podemos Perú cobra hasta S/37,450 para postulantes en Lima, según investigaciones recientes.
En teoría, son “contribuciones internas” para financiar campañas y logística. En la práctica, son filtros económicos que cierran la puerta a dirigentes de base, líderes sociales y ciudadanos sin chequera. Se consolida así una élite política-clientelar: los que pueden pagar la entrada y los que viven de venderla cada cuatro años. No es casual que varios de estos partidos solo aparecen cuando huele a campaña y desaparecen cuando hay que hacer vida orgánica, formar cuadros o rendir cuentas.
El problema es estructural: la ley habla de democracia interna, pero guarda un silencio escandaloso sobre estas tarifas. Ninguna autoridad electoral se atreve a discutir si cobrar S/80 mil por una lista al Senado es compatible con el derecho a la participación política o con la igualdad de oportunidades en la contienda. Mientras tanto, los partidos “hacen caja” en plena crisis de representatividad.
Si las candidaturas se venden al mejor postor, no sorprende que muchos elegidos lleguen al Congreso con la lógica del inversionista: recuperar lo puesto, multiplicar la “apuesta” y garantizar el negocio para el siguiente ciclo electoral. Tras cada escándalo de corrupción hay, muchas veces, una factura de campaña que alguien decidió pagar en silencio.
Reflexión final
El drama no es solo que haya partidos que cobren, sino que la ciudadanía lo tolere resignada. Si aceptamos que la política funcione como subasta, no pidamos después representantes que piensen en el bien común. Para cambiar el resultado, primero hay que cuestionar el sistema que convierte el voto en vitrina y la candidatura en mercancía. Mientras eso no pase, las elecciones 2026 corren el riesgo de ser, una vez más, una gran feria… financiada por nosotros, pero administrada por ellos.