La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas de aprobar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027 vuelve a colocar al Congreso frente al espejo de sus propias contradicciones. No es una votación técnica ni una medida aislada: es un síntoma político. Diecisiete congresistas, pertenecientes principalmente a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú, decidieron extender un mecanismo que, según expertos, exministros y gremios empresariales, ha servido más para encubrir minería ilegal que para formalizarla. Y aun así avanzaron.
La composición del voto revela mucho más que una diferencia de criterio. Mientras Ruth Luque, Diana Gonzales y Carlos Alva se opusieron —y Wilson Soto optó por una abstención ambigua—, Fuerza Popular, APP y Podemos Perú sumaron votos clave para asegurar una decisión que contradice las advertencias del propio Ejecutivo. Especialmente llamativo resulta el caso de Somos Perú, que aportó tres votos a favor pese a que el presidente José Jerí había expresado públicamente su rechazo a la ampliación. La distancia entre discurso y acción no podría ser más evidente.
El Reinfo nació como un mecanismo temporal para facilitar la transición a la formalidad. Sin embargo, lo que debía ser una etapa acotada se ha convertido en un refugio para operaciones que no cumplen estándares ambientales, laborales ni tributarios. Las sucesivas prórrogas no han reducido la minería ilegal: la han protegido. Extenderlo hasta 2027 profundiza ese error, normaliza la excepción y debilita la institucionalidad en un sector marcado por violencia, deforestación y criminalidad organizada.
Pero el dictamen va más lejos. Abre la puerta a que más de 50 mil operadores previamente excluidos vuelvan a incorporarse al proceso. Es decir, aquellos que no cumplieron requisitos, que no acreditaron actividad minera real o que vulneraron normas, ahora recibirán una segunda oportunidad bajo un marco todavía más flexible. La narrativa de “formalización” queda así reducida a un eslogan de campaña, mientras el país asume los costos sociales y ambientales.
Frente a las críticas, los congresistas que promovieron la ampliación se escudan en argumentos procedimentales o culpan al Ejecutivo por falta de previsión. Pero lo concreto es lo concreto: votaron por mantener un sistema que favorece intereses particulares, debilita la fiscalización y envía una señal equivocada al mercado y a la ciudadanía.
El Congreso insiste en que legisla para el país. Sin embargo, decisiones como esta confirman que demasiadas veces legisla para grupos que han aprendido a moverse cómodamente en la sombra. Ante ello, el electorado tiene una tarea ineludible: recordar estos votos en 2026, cuando quienes hoy ampliaron el Reinfo regresen, como siempre, a pedir confianza.