Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, ha sido declarada en emergencia. No por un fenómeno imprevisible, sino por la lenta y obsesiva indiferencia de las autoridades que debieron protegerla. Más de cuarenta casonas e iglesias están a punto de colapsar, y el país recién despierta —tarde, como siempre— ante un dolor que lleva décadas respirando hondo entre sus muros. Ayacucho no grita: sus estructuras susurran, se resquebrajan, lloran polvo antiguo. Y aun así, el Estado —nacional, regional, local— camina a su alrededor como quien esquiva una pena que no quiere asumir.
Indeci confirma lo inevitable: cimientos fatigados, muros abiertos como heridas mal cerradas, techos que dependen más de un milagro que de un plan de conservación. La casona Diego Ladrón de Guevara, la Cappelletti, los jirones enteros del centro histórico… todos ellos son retratos de un abandono administrado por décadas. Se les nombra “patrimonio”, con solemnidad ceremonial, pero se les trata como viejos sobrantes de un país que ha olvidado cómo cuidar lo sagrado.
El desplome de la cornisa de la Compañía de Jesús —que dejó muertos y heridos— debió marcar un antes y un después. Pero las autoridades nacionales respondieron con comunicados tibios; las regionales, con promesas sobre expedientes que jamás crecieron; las municipales, con parches y cintas amarillas como si la prevención fuera un acto simbólico. La Dirección de Cultura habló de inventarios, el gobierno regional de presupuestos “por definirse”, el Ejecutivo de coordinaciones futuras… y Ayacucho siguió esperando, desnudando su fragilidad sin que nadie se apresurara a vestirla de protección real.
Ayacucho parece cargar una condena: cuando se trata de discursos y procesiones, todos la abrazan; cuando toca sostener sus muros, todos la sueltan. Es irónico, casi cruel: la ciudad que resiste con 33 iglesias, símbolo de fe y memoria, debe rezar por sí misma porque quienes la gobiernan se han especializado en mirar hacia otro lado.
Las instituciones —todas— firman actas como quien coloca flores en un funeral al que llegan tarde. Hablan de “acción integral” mientras el abandono avanza con precisión quirúrgica. Caminan entre grietas como quien recorre un museo de fantasmas; cada decisión tardía es otro golpe a una ciudad que pide ayuda sin levantar la voz, porque sabe que aquí la vida en provincia debe fracturarse para que Lima parpadee.
La emergencia declarada no es un logro institucional: es una confesión dolorosa. Es admitir que Ayacucho estuvo sola durante demasiado tiempo, que sus muros se rompieron antes que la voluntad política, que sus templos se deterioraron más rápido que la burocracia que debía salvarlos. El Estado falló: arriba, al medio y abajo.
Reflexión final
En Ayacucho, cada casona que cruje es un poema triste. Cada iglesia en riesgo es una plegaria en silencio. Y cada autoridad indiferente es una página arrancada de una historia que aún respira, pero que se queda sin aire. La ciudad de las 33 iglesias agoniza, no por el tiempo, sino por el olvido; no por la lluvia, sino por la desidia. La pregunta que cae, pesada como una piedra que se desprende, es inevitable: ¿cuánta memoria más debe resquebrajarse para que el Estado —por fin— recuerde que proteger a Ayacucho es proteger al Perú entero?.