El Perú parece condenado a repetir sus propias sombras. Cada cierto tiempo, los mismos apellidos regresan a los titulares, no por logros, sino por investigaciones, allanamientos y fugas que vulneran la confianza pública. El caso de Óscar Acuña Peralta, hermano del candidato presidencial César Acuña, es solo el capítulo más reciente de una larga historia donde poder, influencia y programas sociales se mezclan en un guion que ya conocemos demasiado bien. Y aun así, seguimos exigiendo, casi a gritos, un país donde la justicia no llegue—como siempre—cuando la puerta ya está vacía.
La madrugada del operativo en La Libertad, Áncash y Lima, la Fiscalía llegó tarde. Cuando tocaron la puerta del inmueble en Trujillo, Óscar Acuña ya había desaparecido, pese a que existía una orden de detención preliminar por presunto tráfico de influencias y organización criminal en el caso Qali Warma. No es un detalle menor: hablamos de un programa estatal diseñado para asegurar la alimentación de niños en situación vulnerable. Si estos recursos se desvían, la víctima no es una entidad abstracta, sino miles de escolares que dependen de ese servicio.
El allanamiento de 16 inmuebles, incluyendo una oficina de APP en Trujillo, evidencia la dimensión del caso. No se trata de una investigación aislada: se trata de un esquema que, según el Ministerio Público, habría involucrado a funcionarios como Aníbal Morillo y personal del Gobierno Regional. Y aunque otros sí fueron detenidos, Acuña logró distanciarse del operativo con una precisión que preocupa.
Según un colaborador eficaz, los depósitos por S/ 77 mil provenientes de la empresa Frigoinca no fueron simples “préstamos ocasionales”, sino transferencias destinadas a obtener favores y contactos, especialmente con funcionarios encargados de fiscalizar instalaciones sanitarias. La empresa, además, tenía vínculos con supervisiones de Qali Warma, lo que eleva el nivel de responsabilidad y el impacto potencial sobre fondos públicos.
APP, como era previsible, respondió reiterando su compromiso con la transparencia. Palabras correctas, pero que suenan insuficientes en un país donde la distancia entre discurso y realidad suele ser abismal.
La justicia no puede seguir llegando tarde. La política no puede seguir funcionando como una red de favores familiares. Y el país no puede resignarse a ver cómo programas sociales terminan contaminados por intereses particulares. El caso Acuña debe investigarse hasta el final, sin privilegios y sin pausas estratégicas.
Reflexión final
El Perú no necesita más apellidos conocidos ocupando portadas por las razones equivocadas. Necesita instituciones que funcionen, fiscales que lleguen a tiempo y ciudadanos que no normalicen la fuga como parte del proceso. La transparencia no se declara: se demuestra. Y es hora de exigirla con la fuerza que la democracia merece.