El Gobierno ha decidido prolongar por 30 días más el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Es la segunda vez que José Jerí recurre a la misma receta en menos de dos meses, pese a que el primer intento no detuvo los asesinatos diarios ni frenó la avanzada de las extorsiones. La medida se presenta como respuesta a una “guerra abierta contra la delincuencia”, pero, en la práctica, se parece más a una huida hacia adelante: se decreta emergencia porque no hay estrategia, se militariza porque no hay gobierno.
El problema no es solo la prórroga, sino el vacío que la rodea. Un estado de emergencia puede ser útil si forma parte de un plan integral: inteligencia criminal sólida, reforma policial, persecución de las finanzas del crimen, coordinación real con fiscales, municipios y regiones, y metas verificables. Nada de eso está hoy a la vista. Lo que sí se ve, en cambio, es un presidente que repite el libreto de Dina Boluarte: estados de excepción encadenados, conferencias, visitas a penales y comisarías que producen titulares, pero no seguridad.
El propio decreto señala que, al terminar la emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con resultados. Pero la experiencia reciente enseña que esos documentos rara vez llegan al debate público. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber cuántas extorsiones se evitaron, cuántas organizaciones se desarticularon, qué zonas dejaron de estar bajo control del crimen y qué cambios estructurales se están implementando. El mensaje que recibe la población es otro: se restringen derechos, pero no se recuperan barrios.
Más grave aún es que se normalice la excepcionalidad. Cuando la emergencia se convierte en rutina, deja de ser una herramienta extraordinaria para volverse coartada permanente. Se gobierna a golpe de decreto porque es más fácil que enfrentar la reforma de la Policía, la limpieza de las instituciones capturadas, la regulación dura de los mercados que alimentan al crimen (armas, chips, transporte, minería ilegal). El costo lo pagan los ciudadanos que viven entre dos miedos: el de la delincuencia y el de un Estado que no ofrece soluciones de fondo.
Un gobierno que de verdad entendiera la magnitud del problema habría acompañado esta prórroga con un plan nacional contra el crimen organizado, cronograma, presupuesto y rendición de cuentas pública. Jerí, en cambio, ofrece más de lo mismo. La emergencia ya está extendida; la paciencia ciudadana, no. La seguridad no se construye con fotos y uniformes, sino con decisiones que hasta ahora este Gobierno sigue postergando.