La Sunedu confirmó el cierre definitivo de seis universidades para el 2025, y aunque la noticia parece repentina, en realidad evidencia una verdad que el país conocía pero elegía ignorar: durante años, miles de estudiantes fueron matriculados en instituciones que nunca debieron llamarse “universidades”. Hoy, la autoridad despierta —después de una larga siesta regulatoria— para enfrentar los restos de un modelo que convirtió la educación superior en un negocio rápido y sin escrúpulos.
Los informes publicados muestran una precariedad que se repite como un patrón: infraestructura inservible, laboratorios que nunca funcionaron, docentes sin dedicación, investigación inexistente y servicios básicos que fallaban más que funcionaban. Y aun así, estas instituciones siguieron operando, cobrando pensiones y prometiendo calidad mientras levantaban estructuras académicamente huecas.
Las instituciones que deberán cerrar definitivamente son:
- Universidad Alas Peruanas (UAP)
- Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM)
- Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI)
- Universidad Científica del Perú (UCP)
- Universidad Privada San Carlos
- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV)
Todas comparten el mismo diagnóstico: locales sin condiciones mínimas, obras inconclusas, falta de protocolos de seguridad, comités de investigación que solo existían en papel y presupuestos académicos que se diluían sin resultados. En algunos casos, menos del 10% del dinero destinado a investigación se utilizó realmente. La educación quedó reducida a un trámite administrativo, un sello, un título, una ilusión vendida a plazos.
El daño es profundo. Miles de jóvenes tendrán que reubicarse, trasladar expedientes, afrontar costos y reorganizar estudios que el sistema les prometió que serían “profesionales”. No son ellos quienes deben cargar con la culpa. La responsabilidad recae sobre administradores que confundieron universidad con negocio inmobiliario, sobre autoridades locales que firmaron licencias sin verificar condiciones, y sobre políticos que intentaron —y aún intentan— desactivar los filtros de calidad en nombre de un falso “derecho a estudiar”.
Cerrar universidades no es una victoria; es una advertencia. Es el recordatorio de cuánto costó permitir que instituciones sin estándares mínimos crecieran como hongos, amparadas por la indiferencia y por la defensa ciega de quienes nunca pisaron sus aulas.
Reflexión final
El Perú ya pagó demasiado por tolerar universidades que solo existían en pancartas y campañas de matrícula. La Sunedu debe seguir firme, pero la sociedad también. Garantizar una educación superior digna no es radicalismo ni elitismo: es apostar por un país que respete el esfuerzo de sus jóvenes. Lo contrario nos ha llevado a esto: seis cierres que no deberían sorprender a nadie, pero sí avergonzarnos a todos.