El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, supuesto “hub” del Pacífico y puerta de entrada del Perú al mundo, vuelve a exhibirse como lo que es: un símbolo de improvisación, silencios cómplices y desprecio por el ciudadano. A días de Navidad, cuando miles de familias ya tienen pasajes comprados, hoteles reservados y maletas listas, se enteran de que una pista seguirá cerrada, que más de 350 vuelos están en riesgo y que, además, se estrenará un nuevo cobro de TUUA en medio del caos. No es un imprevisto técnico: es una forma de gobernar.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) tuvo que hacer lo que el Estado peruano no hizo: prender la alarma. Doce días antes de la fecha anunciada, el concesionario comunica que la pista 16L no reabrirá el 30 de noviembre, sino el 20 de diciembre. Casi dos meses con una sola pista en el aeropuerto que concentra más del 96% de los vuelos internacionales del país. Las aerolíneas planifican con meses de anticipación; aquí, el país entero se entera por carta de último minuto.
El Ministerio de Transportes, OSITRAN y demás entidades regulatorias aparecen tarde, desordenadas, declarando montos “provisionales” para una nueva TUUA de transferencia que los pasajeros deberán pagar sin saber si luego cambiará, si habrá reembolso o ajuste. Es el mismo libreto de siempre: primero se cobra, después se explica.
Mientras tanto, el concesionario promete “optimizaciones” y “valor agregado al ecosistema aeroportuario” mientras la gente hará colas más largas, esperará más retrasos y soportará más aglomeraciones en un terminal que ya luce saturado. El mensaje práctico al ciudadano es brutal: aguante, pague, no pregunte.
El escándalo del Jorge Chávez no es un accidente aislado: es la radiografía de un Estado que delega, pero no supervisa; que firma concesiones millonarias, pero abandona la defensa del usuario. El Perú discute Miss Universo y bailes en colegios, mientras su principal aeropuerto opera al filo del colapso en la temporada alta.
Reflexión final
Un país que se resigna a esta clase de abusos normaliza la mediocridad como política pública. Toca exigir transparencia real en las obras, reglas claras en las tarifas y rendición de cuentas tanto del MTC como de LAP y los reguladores. No se trata solo de vuelos atrasados: se trata de si aceptamos seguir viviendo en un país donde el derecho a viajar con dignidad también despega con retraso crónico.