Mientras el país se desangra entre extorsiones, sicariato y un Estado en piloto automático, el Gobierno de José Jerí ha encontrado a su verdadero enemigo: no el crimen organizado, sino la filtración de información. Por eso ha pedido al Congreso facultades para crear un nuevo delito contra la difusión de “información reservada” y, de paso, reciclar el viejo menú punitivo que ya probaron Vizcarra, Castillo y Boluarte… con el éxito que todos conocemos.
La trama no es nueva. En 2022, el Ejecutivo de Castillo intentó algo muy parecido: tipificar la difusión de información reservada en investigaciones penales, una propuesta que fue bautizada como “ley mordaza” por su impacto directo en la libertad de prensa.
Hoy Jerí repite el libreto, pero con más poder concentrado: pretende modificar el Código Penal, el Procesal Penal y normas de seguridad y administración pública, amparado en una amplia delegación de facultades. Es decir, decretos con rango de ley para decidir qué se puede contar… y qué debe quedar en la penumbra.
El problema no es solo el fondo, sino la vaguedad: el proyecto no delimita con precisión qué es “información reservada”. Cualquier dato sobre investigaciones fiscales o policiales podría entrar en el saco, incluso si revela corrupción, abuso de poder o irregularidades graves.
En la práctica, el mensaje es claro: si la prensa destapa lo que el poder quiere ocultar, el problema no es el delito, sino quien lo hace visible. Es la vieja fórmula: en vez de limpiar la casa, se rompe el foco.
Mientras tanto, el Poder Judicial ordena cinco meses de prisión preventiva y captura nacional e internacional contra Betssy Chávez por el caso del golpe de Estado, al considerar peligro de fuga y reiterado incumplimiento de reglas de conducta; en paralelo, el Congreso impulsa otro informe para inhabilitarla diez años.
La justicia muestra una severidad quirúrgica para ciertos casos, pero cuando se trata de controlar la información sobre la élite política, el bisturí apunta a periodistas y fuentes, no a las redes de impunidad.
El Gobierno vende su paquete como lucha contra la inseguridad, pero vuelve a lo mismo: más penas, más delitos, más estados de emergencia… y menos luz sobre lo que realmente pasa dentro del Estado. La receta ya fracasó con Vizcarra, Castillo y Boluarte; hoy se sirve recalentada y con tapa adicional para la prensa.
Reflexión final: Una democracia que teme a los periodistas y premia el secretismo no está combatiendo al crimen, está combatiendo al ciudadano informado. La pregunta no es qué información quieren castigar, sino qué temen que sepamos.