El 26 de noviembre de 2025 quedará inscrito como una fecha incómoda en la memoria democrática del Perú. El país verá, el mismo día y casi a la misma hora, cómo el Poder Judicial dicta sentencia a dos ex presidentes: Martín Vizcarra, acusado de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, y Pedro Castillo, procesado por su intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. Dos trayectorias distintas, un mismo escenario: el banquillo de los acusados como síntoma de una política enferma.
En el caso de Pedro Castillo, los jueces deberán pronunciarse sobre un episodio que el país presenció en vivo: la lectura de un mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones clave. La fiscalía lo acusa de rebelión; el tribunal ha adelantado que evaluará calificar los hechos como conspiración para la rebelión, con una pena menor. Más allá del tipo penal, lo que se juzga es la voluntad de torcer las reglas del juego democrático en beneficio de un poder personal debilitado.
Junto a Castillo, serán evaluadas las responsabilidades de ex ministros y oficiales policiales, algunos hoy con asilo político, otros en libertad bajo comparecencia. La definición jurídica de este episodio no será solo un asunto de códigos penales: marcará un mensaje hacia el futuro sobre qué límites reales tiene quien ocupa la Presidencia cuando decide usar el poder contra la propia institucionalidad que lo sostiene.
Martín Vizcarra, por su parte, enfrenta una acusación de cohecho por pagos ilícitos en obras públicas cuando presidía la región Moquegua. La fiscalía pide 15 años de prisión; la defensa niega los cargos y denuncia persecución política. El caso se apoya fundamentalmente en declaraciones de colaboradores eficaces y empresarios, con un segundo proceso pendiente por colusión. De cómo se valore esa prueba dependerá no solo el destino judicial de Vizcarra, sino la credibilidad del sistema frente a los grandes casos de corrupción.
Ambos ex mandatarios mantienen, además, aspiraciones políticas a través de candidaturas propias o de familiares. Que quienes han presidido el país —y hoy están sometidos a juicio— sigan gravitando en el escenario electoral revela la magnitud de la crisis de representación. La política no ha sido capaz de renovar liderazgos; la justicia llega tarde, mientras las urnas se preparan para volver a votar entre sombras.
Este 26 de noviembre no resolverá, por sí solo, la descomposición de la vida pública peruana. Pero sí pondrá a prueba a un Poder Judicial presionado por un pacto de fuerzas que controla Ejecutivo y Legislativo, y por una ciudadanía fatigada, que observa cómo la impunidad y el abuso se repiten sexenio tras sexenio.
Una editorial no dicta sentencia, pero puede plantear una exigencia mínima: que los jueces decidan con independencia, sustento probatorio y conciencia de que sus fallos serán un precedente. Si la justicia cede a las conveniencias coyunturales, el mensaje será devastador: en el Perú se puede intentar subvertir el orden democrático o negociar con la obra pública y seguir aspirando al poder sin consecuencias reales. Si, en cambio, la justicia está a la altura, quizá este día marque algo más que dos veredictos: el inicio —por fin— de un límite ético y jurídico al cinismo político que ha atrapado al país por demasiado tiempo.