Hasta hace dos meses, José Jerí votaba sin titubeos a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Hoy, ya sentado en Palacio, asegura que no está “satisfecho” con el mecanismo y promete que el Ejecutivo intervendrá con su propia propuesta. El problema no es solo el Reinfo: es la facilidad con la que el poder se reinventa el discurso según el cargo que ocupa, mientras la minería informal, la ilegalidad y la violencia siguen avanzando sobre territorios y vidas.
Como congresista, Jerí respaldó la Ley 31388, que extendió el Reinfo hasta diciembre de 2024, y luego la Ley 32213, que lo llevó hasta enero de 2025. Es decir, avaló seguir dándole tiempo a un sistema cuestionado por abrir brechas a la minería ilegal y por convertirse, en la práctica, en un paraguas de tolerancia para operaciones que devastan ríos, bosques y comunidades. Esa no fue una anécdota, fue una posición política.
La República
Hoy, ya como presidente, declara que el Reinfo “no cumplió su finalidad” y que es “permisivo” con la ilegalidad. Tiene razón en el diagnóstico, pero el pasado reciente lo contradice: cuando tuvo la oportunidad de corregir el rumbo desde el Congreso, votó por prolongar el mismo esquema. Y mientras tanto, su propio partido, Somos Perú, ha apoyado otra vez en comisión la ampliación del Reinfo hasta 2027.
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El mensaje es brutal: el discurso oficial dice una cosa, la historia de votos y alianzas dice otra. Entre tanto, las regiones cargan con los costos: ríos contaminados con mercurio, bosques arrasados, rutas tomadas por mafias y poblaciones atrapadas entre el abandono estatal y la cooptación ilegal. La formalización minera se convierte en palabra vacía cuando el Estado tolera un registro que sirve más para estirar plazos que para imponer reglas claras y hacerlas cumplir.
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No se puede construir autoridad moral sobre la arena del oportunismo. Un presidente que ayer votó dos veces a favor de las prórrogas y hoy se presenta como crítico del Reinfo debe algo más que matices: debe explicaciones concretas, cronogramas y decisiones firmes. Lo contrario es seguir alimentando la sensación de que la política es un juego de máscaras donde nadie asume responsabilidades.
Reflexión final
El país necesita menos discursos y más coherencia. Si de verdad se quiere enfrentar la minería ilegal, hay que empezar por desmontar los refugios normativos que la protegen y por exigir consistencia a quienes toman decisiones. De lo contrario, cada nueva prórroga, cada “última oportunidad”, será un recordatorio de que el doble discurso también contamina: envenena la confianza ciudadana y normaliza un Estado que dice combatir la ilegalidad mientras la prolonga por ley.